Nuevas elecciones: ¿continuarán guardando silencio los partidos respecto a la gestión clínica?

Durante la pasada campaña electoral ningún partido se posicionó, ni a favor ni en contra de las Unidades de Gestión Clínica, lo que en la práctica implica su aceptación. Tanto es así, que en los portavoces de sanidad de los diferentes partidos, vemos diferencias en el look, pero no respecto al tema citado. Diputados del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos han hecho, en diferentes ocasiones, declaraciones del tipo: “somos partidarios de delegar en los profesionales parte de la gestión sanitaria, ya que ellos son los que mejor conocen las necesidades de los pacientes”.

Partiendo del reconocimiento de la importancia del papel de los profesionales en la atención sanitaria y la actuación de la enfermedad, no podemos por menos que posicionarnos en contra de ese consenso para tratar a los pacientes como si fueran menores de edad, y no pudieran dar su opinión sobre cuál sería la mejor forma de gestionar la sanidad y los dineros a ella dedicados. Si los pacientes pudieran opinar, muy posiblemente reclamarían para sanidad muchos menos jefes, mayor transparencia y control, veto al ánimo de lucro y a las empresas privadas, controles sobre la industria farmacéutica, etc., es decir, lo que dicta el sentido común.

Pero lo cierto es, que tras casi 15 años de recorrido en diferentes puntos del estado, la Gestión Clínica ha perdido el “halo redentor” con el que fue introducida por políticos y gestores, y ya no es capaz de ocultar lo que esconde detrás de esos ropajes “seudoparti-cipativos”.

La gestión clínica es simplemente la aplicación a la atención sanitaria de los modelos de gestión empresarial, modelo que se va introduciendo silenciosamente en todo el Sistema Nacional de Salud (en los centros priva-dos funciona desde hace muchos más años), incorporando criterios mercantiles en la práctica clínica diaria, como es lógico suponer a costa de reducir el gasto por paciente.

Todas las Consejerías de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas defienden este sistema. A nivel profesional, se da la “extraña” coincidencia de que desde destacados dirigentes de las “mareas blancas”, a los sectores más rancios de los colegios profesionales, “sociedades científicas” y sindicatos corporativos médicos, la defienden a capa y espada, bajo el discurso, por supuesto, de una supuesta eficiencia, y repitiendo hasta la saciedad la arriesgada afirmación de que ellos, como facultativos, “son los que mejor saben lo que es bueno para los pacientes”.

Curiosamente, Andalucía, territorio gestionado desde hace décadas por la “izquierda del capital”, lleva años aplicando este modelo, con la colaboración y el asentimiento de la mayoría de los profesionales, sean de la categoría que sean. En las más de 700 unidades de gestión clínica existentes, trabajadorxs anónimos nos cuentan que lo que prima cada vez más, es ver cómo conseguir “elevar los indicadores”, aunque sea artificialmente, para cobrar más, no las actividades dirigidas a actuar contra los determinantes de la enfermedad, o a mejorar el estado de salud de la población. En Asturias, también “gobiernos de izquierdas”, la han introducido, permitiendo que los “profesionales” puedan repartirse hasta el 49% del ahorro alcanzado.

También, a veces, saltan noticias en prensa con ciertas críticas, interesadas, como aquella que denunciaba el reparto de 2,5 millones de € entre los cargos directivos de los 5 distritos de la provincia de Sevilla, y los directores de los alrededor de 80 unidades. El sindicato que protestaba en aquel momento, rasgándose las vestiduras, corporativo y de derechas donde los haya (SATSE, sindicato de enfermería), se ha destacado, no por estar en contra de las unidades de gestión clínica y de lo que representan para los pacientes, sino por sus quejas por la preferencia de las Administraciones a colocar a médicos al frente de la dirección de estas unidades, en detrimento de su gremio (enfermería).

Por tanto, desconfiemos tanto del silencio de los políticos en este tema, como de las extrañas unanimidades que concita el asunto entre los colectivos sanitarios, sobre todo porque el aceite que lubrica la actividad sanitaria tiene el olor inconfundible del dinero, no el de la preocupación por los pacientes y el buen hacer.

CAS, mayo de 2016.

http://www.casmadrid.org/

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