Una cultura tan violenta como la capitalista –la del darwinismo social- y la del Estado liberal –el que se atribuye el monopolio de su ejercicio- lo normal es que desarrolle comportamientos violentos. Los usa ella y los provoca en otros. Aunque después se escandalice y los considere inaceptable. Nació en un inmenso charco de sangre –en la revolución francesa de 1789- se ha desarrollado en medio de guerras cada vez más sangrientas –durante los siglos XIX y XX- y ha generado movimientos políticos, como el nazismo y el estalinismo, que han elevado la violencia más allá de lo que la mente humana parecía ser capaz de imaginar.
En este todavía inacabado Estado llamado España, la violencia ha sido considerada un monopolio estatal. Pero ni siquiera se lo ha ganado con la aceptación pasiva del conjunto de sus ciudadanos. Quizás tenga algo que ver con que, todavía hoy, los que tienen DNI son antes súbditos que ciudadanos y siguen contemplando al Estado como el Leviatán que es. La consecuencia es que la violencia, siempre, ha estado presente en su desarrollo contemporáneo. Basten recordar las guerras americanas, la llamada de la Independencia, las diversas carlistas, las de fines de siglo XIX, las de Marruecos y la desatada en 1936 por el fracaso del golpe de Estado. Millones de españoles han muerto a consecuencia de la violencia bélica. Tampoco se ha quedado atrás la violencia social. La que acompaña internamente al desarrollo de la sociedad capitalista, la de la lucha de clases, la de la explotación laboral, la del sometimiento moral por imposición de determinados valores. Equiparar orden público a paz social ha sido una constante del Estado español. Una idea que, últimamente, está reverdeciendo a la misma velocidad con la que se extiende su olor de cadáver putrefacto.
En este contexto el uso de la violencia siempre ha rodeado al anarquismo. Acusado de practicarla o como paciente de la de otros. Entre los anarquistas unos la han reivindicado y otros rechazado. Las discusiones han sido interminables y la línea que atraviesa no es recta en ningún caso. No podía ser menos. Las ideas ácratas, tal como las conocemos, no dejan de ser una construcción en un tiempo y espacio concreto. Es una ideología, un “ismo” más, derivada de aquellos lejanos tiempos de la Ilustración. Aunque tiene un elemento que la diferencia de los demás: su crítica y rechazo a ocupar, el poder.
En España el anarquismo ha jugado un papel central en la construcción del Estado y de la sociedad. Hasta el punto de que si alguna aportación de calado puede atribuírsele al mundo contemporáneo es precisamente la creación del anarcosindicalismo. El instrumento que prolongó en el tiempo las ideas internacionalistas de la AIT y que la manumisión obrera debía ser obra de los trabajadores mismos o no lo sería. La creación de la CNT, y su conversión en un sindicato que hoy llamaríamos mayoritario, mantuvo la finalidad revolucionaria de la organización obrera sin tener que pasar por la “conquista del poder” a través de la política partidaria. En consecuencia no sólo fue la organización que catalizó el proceso revolucionario con el que el pueblo español respondió al golpe de Estado de julio de 1936 sino que, antes, había introducido el sindicalismo “moderno” en el obrerismo español.
Protagonismo que lo situó en una posición central en diferentes contextos en los que la violencia tuvo un importante papel. Como en el nacimiento del movimiento obrero en España durante el último tercio del siglo XIX, el proceso revolucionario de 1936-1939 y el de la conversión de la dictadura franquista en una monarquía parlamentaria entre 1975 y 1979.
El nacimiento del movimiento obrero tropezó en España con la identificación, por parte de autoridades y patronal, de paz pública con orden público. Una relación que no ha desaparecido todavía. No sólo en el congreso de los diputados se llamó a la Internacional “la utopía universal del crimen” sino que sus federados fueron perseguidos, encarcelados, deportados y asesinados. La organización obrera fue respondida con la violencia, en especial si se proclamaba socialista antiautoritaria, anarquista. Recordemos lo ocurrido en Jerez en 1882 y 1892 o en Barcelona en 1896. Además de la legislación específica contra el terrorismo anarquista. Sobre este periodo trata el libro de Ángel Herrerín que recomendamos desde una visión académica de la cuestión.
A los anarquistas se les ha atribuido la mayor parte de la violencia que acompañó la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936 y al proceso revolucionario que siguió a su fracaso. Hasta el punto de considerar un lugar común la identificación de una y otro. Un tópico que ha interesado mantener, por razones diversas y a veces contradictorias, a sectores tan diversos como los propios golpistas, la actual historiografía revisionista, los republicanos, los historiadores liberales nacionales y extranjeros, y la marxista, más o menos ortodoxa. Incluso ha habido quien, como Jorge Martínez Reverte, ha querido atribuir a la CNT la organización de las sacas de presos derechistas de diferentes cárceles madrileñas y sus asesinatos en Paracuellos del Jarama. El libro de Jesús F. Salgado sobre la figura de Amor Nuño deja al descubierto, para quien quiera leerlas, las responsabilidades del sangriento verano y otoño de 1936 en Madrid.
Por último, durante los años de la ahora tan denostada transición española, por muchos de quienes entonces la defendieron a capa y espada, reapareció la conexión violencia anarquismo, en este caso con la CNT. El anarcosindicalismo había reaparecido con fuerza y se estaba convirtiendo en una molesta piedra que incordiaba en los planes trazados, cada vez sabemos mejor, por los servicios de espionaje de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, en la pizarra de Suresnnes. Así que nada mejor que llenar páginas de periódicos, sonidos radiofónicos e imágenes de los informativos televisivos con carnets confederales, propaganda sindical, banderas rojas y negras y artefactos explosivos, armas y las imágenes de la sala de fiestas barcelonesa de La Scala ardiendo con el resultado de cuatro trabajadores muertos. El libro de Xavier Cañadas, uno de los condenados por aquellos sucesos, penetra en las tripas de lo que significó un golpe de muerte para la reconstrucción de la CNT y el papel que tuvo en entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, una de las personas sobre las que existe una orden de detención y extradición, tramitada a la Interpol, de la jueza argentina María Servini que investiga sobre los crímenes del franquismo.
Lecturas recomendadas
Anarquía, dinamita y revolución social
Violencia y represión en la España de entre siglos (1868-1909)
Ángel Herrerín López
Entre finales del siglo XIX y principios del XX el panorama internacional se vio sacudido por las balas, las bombas y las dagas anarquistas. El presidente de la República francesa Sadi Carnot; el presidente del Gobierno español, Cánovas del Castillo; la emperatriz Isabel de Austria-Hungría, la famosa Sissi; el rey Humberto I de Italia y el presidente de los EE. UU, William McKinley, murieron por acciones de anarquistas.
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Amor Nuño y la CNT
Crónicas de vida y muerte
Jesús F. Salgado
Amor Nuño, personaje poco conocido en general por el gran público y menos aún en profundidad por especialistas varios, ha sido objeto de algunas aproximaciones tangenciales, palmarias, interesadas, desconectadas totalmente de su perfil humano y vital, muy alejadas de lo que vivió a lo largo de la guerra civil con las responsabilidades que tuvo que afrontar en nombre de la CNT
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El caso Scala
Terrorismo de Estado y algo más
Xavier Cañadas
El 15 de enero de 1978, a las 13:15 horas, un incendio de grandes dimensiones destruye la sala de fiestas Scala de Barcelona, provocando la muerte de cuatro trabajadores. En 48 horas son localizados los presuntos autores del atentado por parte de la Policía, identificados de entre los 10.000 manifestantes que acababan de participar en la manifestación convocada por CNT contra los Pactos de la Moncloa. Estos Pactos —firmados por el PSOE y el PCE en octubre de 1977, con el beneplácito de UGT y CC. OO.—– iban a marcar un antes y un después en la capacidad de la clase trabajadora española para hacer frente a la flexibilización y precarización capitalista del mercado de trabajo que necesitaba la reforma económica neoliberal.
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