Otro atraco a las arcas del estado por parte de las empresas más poderosas del país

Otro escándalo económico sordo está produciéndose en España. Otro atraco a las arcas del estado por parte de las empresas más poderosas del país. Otra genuflexión felatoria de los políticos de todo el (supuesto) espectro ideológico del Congreso. Los extorsionadores son los gigantes urbanísticos que construyeron espoleados por el PP de Aznar las autopistas de peaje radiales de Madrid. Los extorsionados somos los ciudadanos a los que esas megaempresas quieren obligarnos a pagar su ruinosa inversión.

Resulta que las autopistas de peaje con las que reasfaltaron las salidas por los cuatro puntos cardinales de Madrid están vacías. Nadie las usa, apenas acumulan un 10% del tráfico medio de las autopistas en España. La optimista previsión fue obra de los técnicos del gobierno anterior. Y a las constructoras les pareció perfecto.

Miles de millones de inversión privada después, el negocio no ha funcionado. Y ahora piden (exigen) al gobierno que les saque del atolladero. Como obligar a los conductores a circular por sus carísimas autovías de peaje aún les parece algo excesivo, mejor nos quitan el dinero del bolsillo público para metérselo en sus carteras privadas y que su negocio resulte rentable de ese modo. Ellos nunca fallan. Si los conductores se quivocan y no usan sus autopistas, el Estado ha de indemnizarles por la insultante actitud esquiva de los ciudadanos.

¿Asumir el desastre inversor? Nunca. Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL e Itínere siempre ganan. Y mucho. Veamos sus resultados de 2009:

Así que estas empresas casi sumidas en la indigencia, como hemos podido ver, recurren al papa estado para no perder dinero. ¿Y qué responde papi? Pues que cómo van a permitir que las macrocorporaciones pierdan una partida en el juego del capitalismo. Mejor sacamos la tarjeta de la suerte y sus problemas económicos serán asumidos por los ciudadanos. Así podrán seguir la partida como si no hubieran generado tan tremendo fiasco inversor.

Según un extenso aunque farragoso artículo de El País, las opciones que barajan nuestros dirigentes son:

  • Que el Estado asuma entre 4000 y 5000 millones de la deuda privada
  • Que el Estado abone la cantidad que las empresas concesionarias dejen de cobrar si el tráfico no llega al 80% de lo previsto
  • Que el Estado pague cierta cantidad del precio de cada peaje con la esperanza de que al ser más barato aumente su uso

¿Hasta cuando este trato privilegiado a los poderosos? ¿Hasta cuando vamos a tener que pagar dos veces por las veleidades políticas y las ambiciones desmedidas de los ‘empresaurios’ nacionales? ¿Por qué no se puede dejar que asuman el desastroso resultado de su negocio de autopistas y, si han de ir a la quiebra, que vayan?

David Avendaño
http://laaldeaglobal.com/2010/11/03/
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