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El 29M en Catalunya deja 150 imputados y dos jóvenes en prisión

Interior impulsa acusaciones sin pruebas por “integración en organización criminal” a dos jóvenes que participaron en un piquete que transcurrió sin sobresaltos la pasada jornada de huelga.

DetenciónEl balance represivo de la última huelga general arrastra todavía en Catalunya un saldo provisional inconcluso. Hasta el momento se han producido 99 detenciones (79 durante la jornada de huelga contra la reforma laboral), a las que cabe añadir 50 imputaciones penales comunicadas por cartas, en un operativo que los Mossos d’Esquadra todavía no dan por finalizado.

De las 150 personas imputadas, seis personas han sido encarceladas, aunque cuatro de ellas ya han recuperado la libertad: tres jóvenes y Laura Gómez, secretaria de organización de la CGT de Barcelona privada de libertad durante 23 días por participar en una performance simbólica ante la Bolsa de Barcelona.

El último goteo de detenciones, enmarcado en la misma operación contra participantes en la huelga del 29M, arrancó el 28 de mayo: ocho personas fueron detenidas en Barcelona y dos más en Reus y La Garriga. Ocho recuperaron la libertad con cargos. Aunque a tres de ellos se les ha suspendido –de facto y de iure– el ejercicio de derechos fundamentales, al imponerles la prohibición de tomar parte en manifestaciones y concentraciones mientras se instruya la causa judicial.

Dos encarcelados más

El juzgado de instrucción 31 de Barcelona decretó, en base a unos atestados policiales que acusaban a los activistas detenidos de “integración en organización criminal”, prisión preventiva sin fianza para los otros dos detenidos. Rubén M. –miembro del centro social Can Vies, detenido el año pasado por protestar ante el Parlament contra los recortes– y Andreu C. –activista contra el trasvase del Ebro y militante de Maulets– se han convertido en el quinto y sexto encarcelado por participar en la huelga general. Ambos son vecinos de Sants y reconocidos activistas sociales.

Formaron parte del piquete social informativo que recorrió el barrio durante la jornada de protesta que transcurrió con normalidad excepto en algunos momentos de tensión, como cuando el propietario de un taller mecánico pretendió agredirlos con una barra de hierro. En la orden que decreta la prisión, la magistrada desestima la integración en organización criminal, a pesar que en el impulso del encarcelamiento ha intervenido directamente la fiscal jefe en Catalunya, Teresa Compte, la nueva Fiscalía contra la violencia urbana y la voluntad política de los Mossos de incardinar los hechos bajo el mantra antiterrorista del artículo 577 del Código Penal.

Este artículo fue aprobado en el año 2000 por Ángel Acebes, legislando ad hoc para combatir la denominada kale borroka en el País Vasco. Cabe señalar que todas las detenciones se basan en los dos listados de activistas con los que trabajan los Mossos: las diligencias abiertas tras la huelga y los resultados de la página web de delación ciudadana, que ha sido finalmente cerrada.

Frente a este nuevo ciclo represivo, diversas personas y colectivos han impulsado Rereguarda en moviment (Retaguardia en movimiento), un nuevo espacio social antirrepresivo que pretende aunar esfuerzos y sinergias.


Se cuadriplican las denuncias contra Mossos por torturas

La continuidad de la apuesta represiva contra la disidencia social y política coincide en el tiempo con dos nuevas polémicas que afectan a la policía autonómica. Una, relativa al nuevo ciclo criminalizador, tras hacer pública el semanario Directa una tesis universitaria de David Piquè, actual comisario de Recursos Operativos de los Mossos, datada en 2009.

La tesina constituye un manual de contrainsurgencia contra el movimiento ‘antisistema’, donde Piqué defiende los tiempos muertos policiales para “dejar que haya incidentes” y un escenario de agotamiento de la protesta social por presión policial.

La otra polémica, relativa a las denuncias por malos tratos y torturas contra los Mossos, remite a la referencia hecha por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual. El Departamento de Estado constata las 52 denuncias cursadas contra los Mossos en 2010. En 2011 las denuncias se cuadruplicaron, hasta llegar a las 213.

David Fernández
http://www.diagonalperiodico.net/El-29M-deja-150-imputados-y-dos.html
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