El negocio de las armas. España, sexto exportador mundial

MilitaresEspaña es el sexto exportador mundial de armamento pesado, por delante de países como China o Italia y sólo por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, según el último informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La especial sensibilidad que generan las armas, utilizadas en conflictos que acaban con la vida de miles de inocentes en todo el mundo cada año, ha rodeado de un secretismo casi absoluto a la industria militar española. Sin embargo, España no sólo ha crecido como potencia exportadora de armamento en los últimos años sino que también ha registrado notables avances en materia de transparencia y control sobre el comercio de armas.

La industria militar española es mucho más extensa de lo que aparenta. Anualmente factura unos 4.000 millones de euros y da empleo a 18.000 personas. De ella participan algunas de las principales empresas aeronáuticas, tecnológicas e industriales de nuestro país.

Entre las compañías que dedican parte de sus actividades a proporcionar servicios militares o a la fabricación de bienes, componentes o electrónica militar se encuentran algunas conocidas como Iberia o Iveco Pegaso. La primera participa en programas militares de mantenimiento y reparación de aviones de la Armada y el Ejército del Aire, mientras que la segunda dedica el 5,8% de su producción a la fabricación de vehículos blindados y todo terrenos militares, según el Directorio de la industria Militar en España, elaborado por el Centro de Estudios par la Paz J. M. Délas.

Según indican a Tiempo fuentes gubernamentales, actualmente hay alrededor de 200 empresas españolas que realizan actividades de comercio exterior de material de defensa, armas de caza, material policial o tecnologías de doble uso a otros países.

– Cuatro sectores principales.

El 80% del material de defensa exportado por España proviene de los cuatro sectores principales de la industria militar española, en cada uno de los cuales encontramos a las cuatro únicas empresas españolas incluidas por el SIPRI en su ranking de los 100 principales productores mundiales de armas. El sector aeronáutico está encabezado por CASA (que forma parte del consorcio europeo EADS), el sector terrestre por Santa Bárbara sistemas (propiedad de la estadounidense General Dynamics), el electrónico-tecnológico por Indra y el naval por Navantia.

Los flujos de exportación del armamento fabricado en España han tenido un carácter más regular y cuantitativo en la última década gracias a la entrada de esas empresas en programas conjuntos de la OTAN y de la UE para el diseño y la fabricación de los aviones de combate Eurofighter, las aeronaves de transporte A400M, los helicópteros Tiger, los misiles Meteor e Iris o el carro de combate Leopard.

Gran parte de las exportaciones realizadas por España son componentes, piezas y tecnologías para esas máquinas de guerra, cuyo ensamblaje se realiza en Alemania, Reino Unido e Italia. No obstante, también se fabrican en territorio español aviones militares, como los cinco entregados el año pasado a Portugal, o vehículos terrestres, como los más de 1.300 vendidos a Marruecos en 2008 y 2009.

– El pujante sector naval.

El sector más pujante en los últimos años es el naval. Navantia ha cerrado acuerdos para la venta de buques de guerra y de vigilancia con Australia, Venezuela y Noruega, entre otros.

Pero también hay más de una decena de compañías españolas dedicadas a la fabricación de armamento y munición. Según denuncia la ONG Intermon Oxfam, España ha sido durante los últimos años el principal suministrador de munición de caza en África subsahariana. Y sólo en 2009, según las cifras oficiales, se exportaron 72,1 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles.

En el Atlas del militarismo en España en 2009 (Icaria, octubre de 2009), el investigador Pere Ortega cuenta el caso de Maxam Corp., un holding que agrupa a seis empresas en España, entre ellas Explosivos Alaveses (Expal), y que durante años se dedicó a la fabricación de minas antipersona y de las peligrosas bombas de racimo. Desde que el Parlamento prohibiese la fabricación y comercialización de ambos artefactos en nuestro país, Expal se dedica a su desactivación y destrucción. «Un negocio redondo», señala Ortega.

– Control parlamentario.

Respondiendo a las demandas de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, el Parlamento aprobó en diciembre de 2007 la primera ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso (Ley 53/2007). A pesar de los temores iniciales suscitados en el sector, las medidas legales aprobadas para aumentar la transparencia en el comercio de armas no han afectado negativamente a sus exportaciones, que de 2007 a 2009 crecieron en un 44%.

La ley establece mecanismos para incrementar el control parlamentario sobre el comercio de armas y detalla en su artículo 8 una serie de criterios concretos para garantizar que las armas españolas no sean exportadas a países en conflicto ni utilizadas para violar los derechos humanos de la población civil en otras naciones. Así, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior está obligada a emitir informes periódicos al Congreso y a proporcionar información más detallada de lo habitual sobre las ventas superiores a 10 millones de euros y sobre las exportaciones a aquellos países considerados por el Gobierno como «destinos de especial sensibilidad».

La ONG Amnistía Internacional, Intermon-Oxfam, Fundació per la Pau y Greenpeace mantienen una valoración «positiva» de los tres primeros años de aplicación de la ley. Sin embargo, denuncian que se siguen vendiendo armas a países en conflicto o con un oscuro historial en materia de derechos humanos. Estas denuncias han sido realizadas también por algunos partidos políticos. El Congreso aprobó por unanimidad el pasado mes de septiembre una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) en la que se solicita al Gobierno el «riguroso cumplimiento» del artículo 8 de la Ley 53/2007.

«Se han vendido cantidades muy significativas de material de defensa y de doble uso a destinos preocupantes porque están en conflicto armado, con situaciones de inestabilidad interna o de violaciones de los derechos humanos», señalaba Gaspar Llamazares, diputado de IU, al defender el texto en el hemiciclo. Entre otras operaciones, se refería a la autorización en el primer semestre de 2009 para una venta de 1,29 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles a Sri Lanka. No fue hasta mayo de ese año cuando el ejército del país asiático dio por terminada la guerra civil que mantenía desde hacía más de dos décadas con los rebeldes tamiles. Durante la ofensiva final del ejército, entre enero y mayo, más de 7.000 civiles murieron y otros 14.000 resultaron heridos, según datos de Naciones Unidas.

– Diez personas autorizan las exportaciones.

Diez personas son las encargadas de autorizar o rechazar la venta de armas a otros países. Se trata de los integrantes de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), la mesa donde se da luz verde a las exportaciones.

Todos sus miembros son altos cargos de los ministerios implicados en el control sobre el comercio de armas (Defensa, Economía y Hacienda, Exteriores y Cooperación, e Industria, Turismo y Comercio). Se reúnen una vez al mes (salvo en agosto) para evaluar las solicitudes de exportación de armas realizadas por empresas privadas. Tras evaluar uno a uno los casos, vigilando el cumplimiento del artículo 8 de la ley 53/2007, emiten un informe de carácter preceptivo y vinculante con el que se autoriza o rechaza la licencia de venta.

Durante 2009, según los datos oficiales, la JIMDDU tramitó 807 solicitudes de licencias de exportación de material de defensa, de las cuales fueron denegadas seis y revocadas dos. Adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Junta está presidida por el secretario de Estado de Comercio, Alfredo Bonet, y, en su ausencia, por el vicepresidente del organismo, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, quien puede delegar su representación en una autoridad o funcionario con categoría mínima de subdirector general. Además, la JIMDDU está integrada por un secretario (el subdirector general de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso) y ocho vocales, entre los que destacan el director general de inteligencia del CNI, los directores operativos adjuntos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, el director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y el de Asuntos Estratégicos y Terrorismo del Ministerio de Asuntos Exteriores. La lista la cierran un representante del Ministerio de Economía y Hacienda y otros dos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las actas de sus reuniones son absolutamente secretas conforme a la ley de secretos oficiales firmada por el general Francisco Franco el 5 de abril de 1968.

– Marruecos, buen comprador.

La OTAN y la UE son los principales clientes del material de defensa fabricado en España. En 2009, los países aliados fueron el destino del 64,78% de las armas y componentes fabricados en territorio español. Las cifras oficiales del pasado año corroboran la tendencia de la última década: los países de la UE son los principales receptores del material bélico español, gracias a la entrada de empresas españolas en proyectos conjuntos con Alemania, Reino Unido o Italia. Sin embargo, el volumen de exportaciones a la eurozona cada vez es menor, registrándose una mayor apertura hacia otros continentes. Las ventas de material de defensa a países de la UE representaron durante el último año un 39,4% del total, frente al 59,8% de 2005 o el 79,6% de 2004.

El principal receptor de material bélico español en la última década ha sido Noruega, país al que se han entregado desde 2006 cuatro fragatas de guerra valoradas en más de 260 millones de euros cada una y fabricadas por Navantia en sus astilleros de Ferrol.

Sin embargo, entre las naciones receptoras de armas españolas en la última década aparecen algunas con un negro historial en derechos humanos, otras involucradas en conflictos armados y algunas en las que, según las ONG y algunos partidos políticos, existe riesgo de desvío o reexportación a países en guerra.

No es necesario salir del top ten de países compradores de armamento español para encontrar a Marruecos, el séptimo destino de material de defensa fabricado en España en la última década. En los dos últimos años, el reino alauí pagó 145 millones de euros por 1.301 vehículos todoterreno no blindados y por diferentes partes y piezas de aeronaves y repuestos de armas ligeras para sus Fuerzas Armadas.

En 2009, después de la ofensiva militar Plomo fundido, efectuada por el ejército israelí en la franja de Gaza, en la que murieron 1.380 palestinos, España realizó exportaciones a Israel por valor de unos 800.000 euros, de los que 624.000 correspondieron a bombas, torpedos, cohetes y misiles. Entre los países de dudosa reputación en materia de derechos humanos que han comprado material de defensa o de doble uso español también aparecen Angola, Arabia Saudí, Colombia, Guinea Conakry, Sri Lanka, Irán, Paquistán, Sudán o Tailandia.

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