Ingeniería política: La perpetuación del sistema de dominación estatal-capitalista

PoderEl Estado tiene una tendencia natural a hipertrofiarse para incrementar su control sobre la sociedad. Pero esta hipertrofia tiene la contrapartida de aumentar sus necesidades financieras y económicas para cubrir los costes que ocasiona. Cuando el tamaño del aparato estatal alcanza un determinado nivel en el que los gastos para su propio mantenimiento superan su capacidad de financiación, ya sea través de la emisión de deuda o por medio de impuestos, se hace necesario realizar recortes.

El actual modelo de Estado de bienestar, que tiene su origen en el régimen militarista y protofascista de Otto von Bismarck, no es viable económica y financieramente en tanto en cuanto su elevado tamaño acarrea unos costes monetarios difíciles de mantener en el tiempo, a lo que hay que unir la dificultad añadida impuesta por la actual crisis mundial. Debido a todo esto los recortes presupuestarios efectuados por el gobierno español responden claramente a la razón de Estado para garantizar su supervivencia a largo plazo, lo que no impedirá en ningún caso que se produzca un incremento de la tensión y conflictividad social en aquellos sectores que hasta ahora se han beneficiado de diferentes servicios, prestaciones y subvenciones estatales que ahora son suprimidas. Esto es lo que en gran medida explica las más recientes protestas en las que se ha  involucrado la mayor parte del funcionariado.

Sin embargo, es necesario conservar una perspectiva global sobre el conjunto del proceso político y social al que asistimos en la actualidad, el cual no tiene ni mucho menos su origen en la gestión del actual gobierno, sino que en última instancia es la continuación y profundización de las políticas de la anterior administración. Así pues, tras más de un año del comienzo de las protestas sociales es necesario hacer una pequeña valoración del papel que han jugado en relación al Estado y su sistema de opresión político-económico, y con ello poner en contexto la reciente incorporación de la clase funcionarial a las protestas.

No cabe duda de que ya a finales del 2010, pero sobre todo a comienzos del 2011, el sistema comenzaba a ofrecer claras muestras de decadencia y agotamiento. La elevada corrupción y el descrédito del parlamentarismo y la clase política, unido a las dificultades económicas de desempleo, falta de acceso a la vivienda, creciente explotación laboral, etc., constituyeron el fermento de descontento preciso para desencadenar la oleada de protestas que comenzaron en la primavera del 2011. Pero a la vista de los nulos resultados prácticos, sobre todo a nivel político, que han tenido todas estas protestas y las claras muestras de que no fueron puestas en marcha de manera espontánea como los mass-media trataron de hacernos creer, se hace necesario repensar su sentido y finalidad última en relación con los movimientos que en la actualidad tienen lugar entre el funcionariado, y especialmente entre los cuerpos represivos y el ejército.

El creciente distanciamiento entre la sociedad y las instituciones que comenzaba a percibirse a comienzos del 2011, y que daba visos de agrandar aún más la fisura entre el pueblo y el Estado, creó una oportunidad única para generar una situación favorable para desencadenar una ruptura de la sociedad con el Estado. Sin embargo, las protestas que se pusieron en marcha en mayo del 2011 han demostrado ser aprovechadas y utilizadas por la elite dominante para desarrollar su particular intervención política, y con ello abortar cualquier tipo de regeneración social que permitiera romper con el orden establecido.

Históricamente las elites dominantes han desarrollado la habilidosa capacidad de utilizar al pueblo contra sí mismo para degradarlo aún más y conservar su posición de poder en el seno de la sociedad. El origen último de las protestas del 2011 es el descontento social, pero su aparente espontaneidad no es tal en la medida en que fueron organizadas y dirigidas desde la sombra por el poder a través de diversas organizaciones que canalizaron dicho descontento, y que en último término lo instrumentalizaron al servicio de los intereses estratégicos de la elite dominante. A este respecto es reseñable el oscuro origen, todavía no aclarado, de la organización Democracia Real Ya así como el papel que ha desempeñado a lo largo del último año como caja de resonancia mediática de los principales ideólogos del sistema.

En mayo de 2011 tuvo lugar un fenómeno social inédito en la historia reciente del Estado español, pues por primera vez en mucho tiempo parecía darse una clara oportunidad para la formación de un movimiento regenerador de la sociedad. Prueba de todo esto fue la autoorganización asamblearia, la aparición de grupos de trabajo y comisiones, la recuperación del espacio público y la reorganización de las relaciones sociales sobre una base horizontal e igualitaria que sirvió para rescatar la sociabilidad de las personas y la superación de su individualismo. Sin embargo, el potencial regenerador, y por tanto revolucionario en tanto que rupturista con las instituciones del orden establecido y su cuadro general de disvalores, de este movimiento fue abortado mediante una habilidosa maniobra política de la elite dirigente, de forma que lo ha convertido en un movimiento que ha impedido cualquier tipo de alternativa real y efectiva al sistema establecido al ahogar a sus integrantes en una dinámica reivindicativa y reformista completamente autodestructiva.

El autogobierno popular a través de la autoorganización asamblearia constituyó, a pesar de todos los defectos iniciales de la experiencia, la completa impugnación del Estado como organización política de la sociedad pero también de su sistema de dictadura parlamentarista. Todo esto hubiera servido, de haberse desarrollado de manera exitosa, para generar una serie de fuerzas y líneas de acción que podrían haber conllevado unos cambios cualitativos, en tanto que regeneradores, que no hubieran tardado en desencadenar una ruptura del pueblo con el Estado. Durante este último año hemos asistido al aborto de la gestación en el seno de la sociedad de una conciencia política, colectiva y, en definitiva, revolucionaria que sirviera de base para la creación de unas nuevas condiciones subjetivas en la población que hicieran posible la construcción de un proyecto completamente rupturista, y por tanto revolucionario, con el orden vigente. Este aborto ha sido llevado a cabo con suma inteligencia mediante una sofisticada intervención política de las elites dirigentes a través de los diferentes agentes estatales y paraestatales de servicio que se encuentran en la izquierda, lo que ha servido para reconducir las protestas a través de los cauces impuestos por el sistema establecido y sus instituciones, y con ello dirigirlas hacia una dinámica reformista y reivindicativa en la que únicamente se persigue la satisfacción de intereses particulares y, por tanto, la consecución de ventajas parciales e inmediatas con las que se renuncia a efectuar cambios generales y sustantivos en el orden establecido. De esta forma el sistema permanece intacto en tanto en cuanto no es cuestionado ni es llevada a cabo ninguna acción destinada a su definitiva subversión.

El Estado de bienestar y su sociedad de consumo han contribuido enormemente a crear individuos dóciles, sumisos, hedonistas, abotargados, mental y espiritualmente decrépitos e incapaces de pensar por sí mismos. Esto ha facilitado la labor de las elites dominantes para crear una inusitada dependencia de la sociedad con el Estado. Sin embargo, la hipertrofia del Estado, unido al contexto económico y financiero mundial, ha obligado a efectuar importantes recortes y ajustes que han dejado en la cuneta a importantes sectores de la población que se beneficiaban del Estado, de entre los que comienzan a destacar los funcionarios, quienes recientemente se han unido a las protestas sociales. Las protestas derivadas de los susodichos recortes sólo son motivadas por el interés particular de los afectados, lo que muy especialmente en el caso de los funcionarios demuestran un claro corporativismo.

Debido a este cúmulo de medidas impopulares emprendidas por el Estado, unido a la corrupción generalizada de la clase política y al alejamiento de las instituciones, el descontento social puede ser un elemento desestabilizador del sistema que ponga fin a su legitimidad, y con ello la completa ruptura entre el pueblo y el Estado. Para impedir esta ruptura las elites dominantes históricamente han desarrollado diferentes formas de intervención política con las que han generado procesos de reforma para crear una nueva legitimidad, y dar lugar así a una nueva alianza con el pueblo. En este contexto se sitúan los ataques a la monarquía, el republicanismo latente en la sociedad como corriente política y de opinión y las protestas de los funcionarios.

El actual sistema de dominación parlamentarista tiene la necesidad acuciante de renovarse en la medida en que cada vez es más patente el distanciamiento entre la sociedad y sus instituciones y estructuras de poder. Resulta del todo significativo que en este contexto en el que han sido numerosos y muy notorios los casos de corrupción política haya salido a la palestra la monarquía, la cual también se ha visto salpicada directamente por la corrupción rampante que impera a nivel institucional. Los escándalos en torno al caso Nóos, las escapadas furtivas del monarca, la corrupción en torno a la familia de la mujer del sucesor al trono, etc., han trascendido en los grandes medios y no por casualidad. Los trapos sucios de la monarquía, al menos lo que a corrupción se refiere, han contribuido de manera considerable a deteriorar su imagen en la sociedad, lo que en ningún caso puede considerarse algo fortuito sino fruto de una estrategia bien elaborada desde los vértices del poder establecido. Asimismo, el cuestionamiento de las instituciones parlamentaristas, pero también del propio sistema en tanto que no-democrático, han contribuido a un creciente descrédito hacia el orden político establecido y sus correspondientes representantes, lo que ha incentivado, unido al desprestigio de la monarquía, el resurgimiento y extensión del republicanismo en la sociedad como corriente política y de opinión.

En cuanto al papel de los funcionarios en el contexto general de protestas sociales hay que señalar el tratamiento informativo que ha recibido de los medios de comunicación, ya que han contribuido a generar simpatías entre la población unas protestas reivindicativas que únicamente atienden a los intereses particulares y corporativistas de los afectados, y que ahora, tras más de un año de oleada de protestas, revisten con una edulcorada retórica con la que tratan de embellecer sus demandas corporativas para conectarlas con el contexto de descontento general. Respecto a esto último los mass-media se han encargado de elogiar y magnificar las protestas de los funcionarios, pero especialmente desde el momento en el que los cuerpos represivos se sumaron a estas. Por otro lado también hay que apuntar el trato que los funcionarios han recibido de las propias autoridades en tanto en cuanto han contado con su condescendencia, hasta el punto de que han sido llevados en palmitas durante sus movilizaciones lo que ya denota el trato privilegiado que reciben del propio poder. Por el contrario, si los protagonistas de estas protestas hubieran sido otros lo más probable es que hubieran sido brutalmente reprimidos desde el primer momento.

Pero aún más inquietante es comprobar que los militares también se han manifestado en contra de los recortes aplicados, que son mínimos en defensa si los comparamos con otros ministerios, y han expresado públicamente su malestar en relación a la política oficial al mismo tiempo que han secundado las protestas contra esos mismos recortes. Lo preocupante no sólo es el hecho de que unos individuos armados den opiniones políticas, sino el tratamiento mediático que han recibido, en clara connivencia con algunos sectores de ciertos movimientos sociales, al presentarlos como aliados del pueblo en contra del gobierno. Este tipo de maniobras políticas y de manipulación mediática pueden tener, como casi seguro que así sea, un largo alcance estratégico con una finalidad muy clara: crear una nueva legitimidad con la que restablecer una alianza entre el pueblo y el Estado, y al mismo tiempo conseguir la identificación del primero con el segundo. En este sentido resulta muy funcional presentar a los cuerpos represivos y al ejército como aliados del pueblo contra unas medidas impopulares, lo que sirve para granjear la simpatía de una parte de la población hacia estas organizaciones y conseguir su identificación con el Estado.

Después de más de un año de protestas sociales y de creciente represión en el contexto de una crisis social y económica sin precedentes, la policía y el ejército son presentados como aliados del pueblo y hasta como sus benefactores, junto a toda la clase funcionarial, para frenar unas políticas impopulares que atentan contra los intereses de la mayoría. Sin embargo, detrás de todo ello no sólo están los coyunturales intereses corporativistas de los individuos pertenecientes a estas organizaciones, sino sobre todo una maniobra de largo alcance que, para crear una nueva legitimidad y alianza entre el pueblo y el Estado, persigue de manera premeditada provocar una crisis política con la que plantear la necesidad de una reforma del sistema para darle continuidad en el futuro. La función de las protestas que comenzaron hace poco más de un año no sería otra que la de preparar las condiciones sociales de conflictividad dirigida y controlada por un lado, y la manipulación ideológica y moral por otro, para facilitar de este modo la precipitación de una crisis política inevitable que de otra manera hubiera escapado al control de las elites dominantes. Unido a todo esto se encuentran las críticas y ataques a la monarquía desde casi todos los sectores del arco político, a lo que hay que unir un republicanismo que en cuanto la actual crisis social y económica se convierta en política saldrá a la palestra y será planteado como la solución de todos los problemas.

En estas circunstancias los movimientos sociales, teledirigidos desde la cúspide del poder, han servido para mantener la discusión política en el terreno ideológico del sistema, y de esta manera orientarla hacia cuestiones no esenciales y del todo secundarias al obviar los problemas fundamentales de tipo político que constituyen el trasfondo de la crisis en curso, lo que llevaría tarde o temprano a un cuestionamiento radical del sistema estatal-capitalista. Así, dada la desorientación general de la población, determinadas organizaciones que nuclean movimientos sociales como el 15M y que ocupan una posición destacada en el seno de estos, han servido para impregnar a la opinión pública con ideas prefabricadas que, al menos en la mayor parte de los casos, son un producto de los principales ideólogos a sueldo del sistema y que sirven para preparar el contexto para una reforma y lavado de cara del régimen. Este es el caso de todos esos profesores a sueldo del Estado como Vicenç Navarro o Juan Torres, pero también el de los mercenarios ideológicos como los José Luis Sanpedro o los Alberto Garzón que se encargan de decirle a la gente lo que tienen que pensar. Estos individuos, junto a aquellas organizaciones que vertebran los actuales movimientos sociales, constituyen una caja de resonancia mediática creada por el propio poder para orientar y dirigir a la opinión pública hacia posiciones reformistas, controlar cualquier posible oposición y con ello impedir acciones que tengan como finalidad la subversión del sistema establecido.

Los callejones sin salida habilitados por el sistema a través de los movimientos sociales hoy en liza forman parte de una estrategia para su propia reforma y autorenovación en la que han convergido las protestas del funcionariado. En lo que a esto respecta el debate acerca de un proceso constituyente para el establecimiento de una tercera república resulta muy funcional para la reforma general del sistema. Para que este debate tenga lugar será necesario que la elite dirigente, con especial habilidad e inteligencia, genere un escenario adecuado de creciente impopularidad del régimen a todos los niveles que precipite una crisis política, lo que permitirá desarrollar todo un teatro con el que presentar al ejército y a las fuerzas de represión como los redentores de la sociedad frente a una clase política corrupta, unas instituciones decrépitas e incapaces, y una monarquía viciosa y podrida. La implementación de una operación de ingeniería política de tal envergadura facilitará la apertura del debate sobre la conveniencia de dar comienzo a un proceso constituyente que traiga la tercera república como solución a todos estos males. Todo esto será aderezado por medio de la manipulación mediática con la que crear en torno al proyecto republicano un sinfín de nuevas expectativas en la sociedad para, así, generar una nueva legitimidad que reconstruya la alianza entre el pueblo y el Estado.

La insoslayable contradicción entre opresor y oprimido ha sido históricamente fuente de inestabilidad, lo que desde el poder ha tratado de resolverse mediante sucesivas reformas del orden establecido para conseguir la identificación del oprimido con su opresor. Esto, como decimos, se resume en una nueva legitimidad en la que el pueblo se identifica con el Estado[1] y renuncia a cualquier vía rupturista con el sistema estatal-capitalista, lo que en el caso concreto del Estado español se reduce a una identificación de la sociedad con el aparato coercitivo encarnado por sus represores.

Frente a una coyuntura así las fuerzas realmente rupturistas y revolucionarias tienen ante sí la tarea de sabotear ese proceso constituyente republicano, lo cual únicamente puede hacerse mediante la apuesta política por un modelo de autogobierno a través de asambleas populares en contraposición al parlamentarismo. Pero nada de esto es posible si previamente no se dan los pasos necesarios para crear la conciencia política necesaria para que una parte importante de la sociedad reconozca como necesario ese modelo, y con ello se comiencen a trabar aquellas transformaciones que a nivel cualitativo deben operar en el sujeto para la superación del actual cuadro general de disvalores impuesto por el sistema estatal-capitalista, que es lo que a fin de cuentas lo capacitará para tomar posesión de su propia vida y futuro de manera colectiva a través del autogobierno de las asambleas populares. De esta forma podrá evitarse que los conflictos sociales sean canalizados por el sistema a través de su laberinto institucional para su neutralización y sometimiento a la lógica del par Estado-Capital.

Por último, y para poder desarrollar un contrapoder real frente al poder constituido, es completamente necesario romper con la espiral reivindicativa en la que están inmersos amplios sectores populares, para lo que es preciso crear la correspondiente conciencia política y colectiva necesaria para plantear la problemática social actual en unos nuevos términos. Todo esto se traduce en comenzar a prescindir del Estado en todo aquello en lo que nos ha hecho dependientes de él, y desarrollar alternativas autogestionadas en lo económico, social y cultural sobre la base de la cooperación, que es lo que permitirá establecer un amplio tejido social de ayuda mutua y solidaridad que hoy no existe. La transformación radical de la estructura de relaciones sociales sólo puede efectuarse si la propia sociedad, o una parte de ella, asume la responsabilidad de desarrollar aquellas tareas y servicios necesarios que el Estado ya no proveerá. De esta forma es posible caminar hacia la autonomía y la autosuficiencia frente a un Estado que se ve obligado a desprenderse de funciones que hasta ahora había desempeñado, y que nos conduce aceleradamente hacia cotas aún mayores de opresión. Todo esto demuestra que hoy más que nunca es necesario un proyecto revolucionario que rompa con el actual orden estatal-capitalista que conduzca a la sociedad hacia su definitiva emancipación.


[1] Uno de los tantos ejemplos de intervención política de las elites para conseguir este objetivo fue el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, justo en un contexto social de importante inestabilidad y escalada de la violencia a todos los niveles, lo que sirvió para conseguir construir una nueva legitimidad al presentar al monarca, jefe supremo del ejército, como redentor de la sociedad y paladín de la democracia frente a unos militares involucionistas. Así fue como desde el poder se consiguió que la sociedad se identificara con el jefe del Estado, que por la posición que ocupa es sin lugar a dudas el máximo representante de los opresores, y consecuentemente con el sistema de dictadura parlamentarista.

Esteban Vidal
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