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Historia de los derechos femeninos

DerechosEl feminismo es el movimiento que busca la equiparación en derechos de las mujeres. Entienden que la sociedad actual es eminentemente sexista y organizada según un modelo arcaico y poco racional, según el cual, las mujeres tienen un papel secundario con respecto al hombre; y viven supeditados a él. Actualmente, las feministas admiten que se ha avanzado bastante en la igualdad entre hombres y mujeres, pero también afirman que queda aún muchos prejuicios que vencer y muchas dificultades que salvar para hacer efectiva tal igualdad. A pesar de ello, estos avances en pro de unos derechos iguales, una igualdad de condiciones y oportunidades para ambos sexos se han hecho gracias a la decisión, organización y lucha de muchas mujeres (y hombres también) a lo largo de nuestra historia reciente.

Así como la los pensamientos izquierdistas, revolucionarios y socialistas, buscan en mayor o menor medida la desaparición de clases sociales y la igualdad de derechos, busca a la vez la desaparición de distinciones por sexo. Sería, además de hipócrita, de poco cerebro abogar por una sociedad sin estratos sociales sin considerar por igual a hombres y mujeres.

Los primeros conatos de busqueda la de la igualdad los podemos encontrar en Francia. La Revolución Francesa había permitido la integración de la mujer en la sociedad, y Olimpia de Gouges escribió, inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre, una Declaración de los Derechos de la Mujer y ciudadana (1891). Se basaba en la tesis de que “si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, también lo tiene de subir a la tribuna.” Algunos puntos interesantes de tal declaración eran:

Artículo IV: La libertad y la justicia consisten en devolver todo cuanto pertenece al prójimo; así pues, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más límites que la tiranía continua a la que se ve sometida por parte del varón.

Artículo VI: La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las ciudadanas y ciudadanos deben concurrir personalmente, o a través de su representante, a su elaboración.

En los Estados Unidos, el movimiento feminista tuvo una gran fuerza. Allí aparecieron los primeros grupos organizados a partir de la denominada Declaración de Seneca Falls, el 19 de julio de 1848, organizándose dos años después el primer Congreso Nacional para los Derechos de la Mujer. Al fin se logró el sufragio femenino en el estado de Wyoming, el primero de la historia de los EE.UU., en 1889.

Aunque en Inglaterra Mary Wollstonecraft escribiese Reivindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, el movimiento feminista en las islas británicas no se organizó y cobró fuerza hasta mediados del siglo XIX.  En 1857 se fundó en Sheffield la primera organización feminista. John Stuart Mill, elegido diputado en 1865, incluyó en su programa el establecimiento del voto femenino, previendo que su implantación duplicaría el capital intelectual de la humanidad. A pesar de ello, no se consiguió tal avance, y las esperanzas de los grupos feministas se fueron desvaneciendo, dando paso a la rabia. Las protestas se radicalizaron entre las militantes, llegando hasta el grado de interrumpir las reuniones del parlamento, destrozar escaparates, realizar huelga de hambre y desobediencia civil. Llegó hasta tal extremo el compromiso de estas mujeres que una de ellas, Emily Wilding Davidson, se arrojó a las patas del caballo del príncipe de Gales, muriendo tres días más tarde. Hasta 1929 no se consiguió el sufragio femenino en este país.

La lucha feminista en España

España va a ser aquí motivo de estudio con mayor profundidad. En este país no ha habido un movimiento feminista hasta muy recientemente. Han existido individualidades, por ejemplo, en el siglo XIX con Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal.

La situación social de la mujer no había variado en España al iniciarse el siglo XX con respecto a la segunda mitad del siglo anterior. Las mujeres seguían careciendo de derechos legales y se encontraban sumidas en la incultura y el analfabetismo. En 1900, el 66% de las mujeres eran analfabetas frente al 47,5% de los hombres.

A pesar de que las mujeres de clase baja formaban en 1930 el 14% de la población activa, se veían claramente discriminadas en su salario, cobrando hasta un 48% menos que los varones que ejercían el mismo puesto laboral. Además, las mujeres estaban obligadas, a parte de su trabajo, a realizar las tareas domésticas.

El movimiento organizado feminista no apareció, pues, hasta después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, careció de la fuerza necesaria y del apoyo, incluso entre las mujeres, para plantear de manera seria sus reivindicaciones. Por todo ello, y por coincidir con las corrientes socio-políticas de la época, el movimiento se politizó, impidiendo un feminismo independiente.

La primera organización feminista en España fue, curiosamente, un grupo moralista ligado a la Iglesia Católica. La Asociación Nacional de Mujeres Españolas, fundada en 1918 pidieron una mayor educación femenina y exigieron algunos derechos legales. Todas sus fundadoras pertenecían a la aristocracia y esto influyó mucho en su talante derechista.

Aunque en 1910 se estableció el libre acceso a la universidad a las mujeres y en 1918 se permitió su ingreso en la administración pública (leyes que favorecieron a las mujeres de clase media y alta), no fue hasta la proclama de la II República cuando se plasmó, en gran parte, la emancipación femenina. Algunas de las leyes promulgadas en esta época con hacían referencia a la equiparación legal con los hombres en todos los planos, la posibilidad de ser elegidas como cargos políticos, el derecho a sufragio, el matrimonio civil, el divorcio y la extensión de le educación, que aumentó la escolarización femenina de un 14 a un 32%.  

Los cambios republicanos sirvieron de base para la formación de un gran número de asociaciones de mujeres, la mayoría de ellas identificadas con partidos políticos. Entre ellas, destacan algunas como Agrupación de Mujeres Antifascistas,  de talante comunista; la anarquista Mujeres Libres y la republicana Asociación Republicana Femenina.

En la política, algunas mujeres llegaron a desempeñar cargos de importancia. Clara Campoamor, parlamentaria, fue defensora en solitario del sufragio femenino. Otras mujeres destacadas en esta faceta fueron Margarita Nelken, del partido socialista y Victoria Kent, republicana y que ocupó la Dirección General de Prisiones.

El estallido de la Guerra Civil marginó el discurso emancipador de la mujer. En la zona republicana, las mujeres se incorporaban a filas para detener la agresión fascista hasta que se reorganizó el ejercito en 1937. Después, participó en la organización de la retaguardia. En la zona sublevada, la Sección Femenina de la Falange, creada en 1934, articuló el trabajo de la mujer en la retaguardia, pero bajo unos principios ideológicos diferentes: abnegación, disciplina entrega y subordinación al hombre.

Avances durante el periodo republicano

Tan solo quince días después de proclamarse la II República, el gobierno provisional habría una nueva parcela para la incorporación laboral de la mujer. La Gaceta de Madrid, el 30 de abril de 1931 publicaba un decreto según el cual la mujer podía ingresar indiscriminadamente en los Cuerpos de Registradores de la Propiedad y Notariado, así como en otras funciones de Judicatura y Abogacía del Estado. De esta manera, las licenciadas en Derecho, cuyas únicas salidas antes de la propugnación de esta ley eran el ejercicio privado de la abogacía (con la consiguiente discriminación y prejuicio de la labor femenina) o la participación en conferencias, aumentaban sus horizontes laborales.

Según el decreto, firmado por el presidente provisional de la República, Niceto Alcalá Zamora, de la derecha republicana, y el Ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, del PSOE; la discriminación laboral por causa del sexo era fruto de una legislación arcaica y caduca. Los motivos de tales discriminaciones fueron argüidos por los defensores a ultranza de la supremacía del varón. Tales argumentos eran que el desempeño de trabajos en la administración pública por la mujer debía estar prohibidos por estar ésta física y mentalmente incapacitadas para su cargo. Físicamente porque exigían el contacto permanente con el público, lo que atentaba contra el decoro que la mujer debía practicar para ser espetada en el seno de la sociedad. Intelectualmente, porque además de existir el prejuicio del menor volumen cerebral (desmentido este punto por el Premio Nobel Ramón y Cajal), la mujer tuvo vedada la universidad.

Pero ya en 1931 estos pretextos y rancios sofismas eran insostenibles. Entre otras cosas  porque las licenciadas en Derecho eran una realidad en progresivo aumento, y obtenían sus títulos en paridad con sus compañeros masculinos.

Además de admitirlas en las oposiciones a notario y registrador de propiedad, el Gobierno Provisional eligió en mayo de 1931 a una mujer, la malagueña Victoria Kent, para el cargo de Director General de Prisiones (aunque fue cesada al año siguiente por sus escasas dotes de mando y excesivo humanismo). El día 8 de ese mismo mes le abría las puertas a la política: decretaba que las españolas de más de 23 años podían ser elegidas diputadas a las Cortes Constituyentes que elaborarían la Constitución.

A pesar de que solo 3 de los 465 diputados eran mujeres, la Constitución aprobó los siguientes puntos a favor de la equiparación de derechos entre hombres y mujeres:

- Igualdad jurídica con el hombre (Art. 25)

- Admisión a los empleos y cargos públicos “según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen” (Art. 40)

- El trabajo era una obligación social de todos los españoles (Art. 46), superando la visión de que las mujeres sólo podían trabajar en caso de necesidad económica.

- Derecho al voto (Art. 36), por primera vez en la historia constitucional españo

- Reconocimiento del matrimonio civil (Art. 41) y de la igualdad entre los cónyuges (Art. 43)

El 2 de marzo de 1932, ya disuelto el Gobierno Provisional, el grupo republicano-socialista de Azaña aprobó la Ley del divorcio. La prostitución, que había sido reglamentada con objeto de controlar la propagación de enfermedades venéreas, fue abolida por el gobierno del Frente Popular en junio de 1935. Y en 1936 se legalizó el aborto.

Durante los seis años que duró al República, las españolas obtuvieron más de lo que ningún otro gobierno durante siglos les había dado. Sin embargo, la idea tradicional de la mujer no tuvo tiempo de desaparecer y el “que dirán” fue una barrera psicológica infranqueable para muchas de ellas.

Del franquismo en adelante

La Guerra Civil y la propagación del régimen franquista cortaron las alas al ideal de igualdad entre sexos. La labor social y política de la mujer durante la dictadura fue desterrada, se prohibió la coeducación (1936), el matrimonio civil (marzo de 1938) y el divorcio (septiembre de 1938). Se establecieron penas para el aborto y el adulterio, y, sin embargo, la prostitución fue de nuevo legalizada. En definitiva, se restableció el papel tradicional de la mujer.

La derogación de los derechos femeninos bajo el gobierno de Franco llegó a tal punto que, aun en 1975, la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora esta prohibida. En 1977 se crea en primer centro de planificación familiar, ilegalmente, por un grupo de feministas; y en el mismo año, grupos de mujeres feministas inician movilizaciones con la intención de conseguir los mismos derechos que los hombres. Un escrito reivindicativo de esta índole es entregado a las diputadas en la sesión inaugural del Parlamento. En 1979 se presenta ante la opinión pública el Partido  Feminista, encabezado por la abogada Lidia Falcón.

Las relaciones internacionales entre los distintos movimientos feministas dan lugar a que, en mayo de 1978, se celebre en París charlas, convenciones y encuentros para fundar la I Internacional Feminista.

Actualmente se han conseguido, por parte de la militancia feminista, un gran número de leyes que prohiben la discriminación laboral y social contra las mujeres por su sexo, la baja maternal, la imposibilidad de despedir a una mujer porque se case o quede embarazada, la ausencia en periodo pre y post natalicio, entre otras. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas normas y leyes no se llevan a la práctica por parte de las empresas y del propio Estado.

Antonio J. Dionisio
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