Los condicionantes del desempleo masivo en el Estado español y las alternativas

1.- Introducción

paroEl desempleo es una característica esencial de la dinámica de funcionamiento de las economías capitalistas. Mucho más en contextos de crisis económica, también en el contexto actual, el desempleo es una herramienta de disciplina contra la clase trabajadora. En este artículo vamos a esbozar los orígenes del desempleo masivo en España, asi como las políticas economicas y laborales que se han ido implementado en los ultimos años para incrementarlo. Veremos pues a quien está perjudicando seriamente la política de los gobiernos del Estado, y quien se está beneficiando de ellas. Para finalizar haremos un repaso con las conclusiones y algunas vías alternativas de intervención anarcosindicalista respecto al desempleo.

2.- Crisis económica, desempleo y mercados de trabajo.

Para entender la situación en la que nos encontramos, es conveniente remontarse brevemente a los orígenes de la crisis en el Estado español. De entrada cabría decir que, si bien la crisis financiera tuvo un orígen internacional -aunque también el sistema financiero español estaba lastrado por el endeudamiento masivo-, la crisis estrictamente económica tenía y tiene unas características particulares propias. Así pues, no es en exclusiva la crisis financiera la responsable de la caída de la actividad económica y el incremento del desempleo en el Estado español. Muy resumidamente debemos apuntar que el sistema capitalista y sus responsables, desarrollan por su propia dinámica crisis frecuentes, materializadas éstas en base a un exceso de producción que no es posible colocar en los mercados de productos y servicios, o en una caída de la tasa de beneficios que supone desviar la inversión a otros sectores -por ejemplo financiero- o países, con la consecuente caída de la actividad económica y del empleo. En el caso español debemos entender la crisis económica por un efecto multicausal, con factores tanto de oferta como de demanda.

Por el lado de la oferta, es evidente que el patrón de especialización productiva de la economía española, basado en el peso crucial de la construcción y el turismo, era y es insostenible. En este punto cabe apuntar que los responsables de la política económica e industrial, gobiernos tanto del PP como del PSOE, son cómplices de sostener esta situación. Es obvio que mantener una evolución de crecimiento económico sostenido, aunque fuera con bases endebles y con tendencia a la inestabilidad, interesaba política y economicamente1. La inacción por parte de los gobiernos en cuanto a la política agraria e industrial, y la losa de la Unión Europea que limita el desarrollo de ciertos sectores productivos, supuso reforzar un crecimiento en sectores inestables, de baja productividad y con la característica de generar empleos precarios y con bajos salarios. Por el lado de la demanda, la crisis estaba larvada por la dinámica continuada de pérdida de poder adquisitivo de las clases trabajadoras -la mayoría de la población-. El efecto del incremento de precios en el sector de la construcción de vivienda provocó que las familias se tuvieran que endeudar y contener el consumo en otros aspectos, o mantenerlo también en base a crédito limitando el ahorro. Este patrón de distribución de la renta, auspiciado por el poder de la patronal y el apoyo de los gobiernos y el Estado, fue legitimado por los sindicatos oficiales al ir pactando sucesivamente contención salarial y reducción de derechos laborales en época de bonanza. En definitiva, el tipo de crisis en el Estado español y sus consecuencias tangibles solamente se puede entender por factores estructurales característicos del capitalismo local, entre otros por la fuerza de los capitalistas, para maximizar sus beneficios y el fraude fiscal con el apoyo del Estado, imponiéndose a los trabajadores y trabajadoras.

Así pues, hablar de las causas del desempleo es hablar de capitalismo, de su estructura de funcionamiento y de las políticas que lo regulan. Sin embargo no todas las corrientes de análisis y política económica coinciden en identificar las causas del desempleo masivo tal y como se exponen en los párrafos anteriores.

Normalmente el discurso oficial de los gobiernos y las patronales -masivo en los medios de comunicación- se centran en identificar las causas del desempleo masivo por un mal funcionamiento de los mercados de trabajo. Obviamente, identificar culpables facilita legitimar políticas y reformas contra esos supuestos culpables. En ese mismo sentido se articulan las políticas sociales en la era neoliberal, puesto que se pone el énfasis en el individuo como responsable de su situación. Es el trabajador/a el responsable de encontrar empleo. Es el trabajador/a que debe reciclarse, formarse y adaptarse a las condiciones de los mercados de trabajo. Esto se materializa en el impulso de las denominadas políticas activas de empleo. Por lo tanto, este discurso de la activación solamente favorece la estigmatización, el señalar como culpable quienes no somos más que victimas del sistema socioeconómico y de sus gestores.

Cabe decir también que para algunos empresarios son útiles las recesiones y crisis, ya que les permite disminuir costes y restablecer las condiciones necesarias para llevar a cabo una inversión rentable. Aunque es posible que de vez en cuando los capitalistas necesiten de una recesión, eso no garantiza que vaya a producirse: como hemos visto ya, las recesiones no se deben a ninguna conspiración, sino que es el propio capitalismo como sistema y su dinámica, los que generan recesiones y crisis de forma periódica. Desde perspectiva estrictamente empresarial, es necesario apuntar que las crisis económicas refuerzan a algunas empresas, las que tienen mayor liquidez, absorbiendo a la vez, parte del mercado de ventas de otras empresas e incluso a esas otras compañías. En contextos de crisis económica como el actual, muchas empresas aprovechan el impacto psicológico para imponer ajustes de plantilla que les ayuden a mejorar sus beneficios en un futuro inmediato.

3.- El impacto de las reformas laborales. ¿Quien se beneficia de ellas?

Las llamadas reformas laborales se están sucediendo en los últimos años en el Estado español como fórmula para, supuestamente, atajar el incremento del desempleo y facilitar la recuperación de la contratación. Los discursos que articula el poder -económico y político- van desde la bondad de las reformas para “generar confianza” y “facilitar la contratación”, hasta la necesidad de “reducir la dualidad” entre fijos y precarios, garantizar la “flexibilidad” para los empresarios y la “seguridad” para los trabajadores. Se habla también de reformas “equilibradas”. Todos estos discursos son trampas dialécticas utilizadas para legitimar la imposición de dichas medidas. Sin embargo, estos discursos nada tienen que ver con la realidad ni con un análisis riguroso de la situación. Por lo tanto nada tienen que ver con buscar una solución real al drama del desempleo y la pobreza crecientes. Es asímismo evidente que la aplicación de estas reformas suponen reforzar el poder y la autoridad empresariales en los centros de trabajo.

Un repaso de los preámbulos de las reformas laborales nos sirve como indicador para constatar lo anteriormente apuntado. Es necesario concebir la reforma laboral del PSOE de 20102, como la primera de toda una serie de modificaciones que ahondan en la precarización laboral y el resquebrajamiento del derecho del trabajo. A dicha reforma se deben incorporar las reformas de la negociación colectiva de 20113 y la reforma laboral del PP en 20124

La tendencia apuntada por todas ellas se puede resumir en los siguientes aspectos:

-Paulatina reducción de la indemnización por despido de los 45 dias por año con máximo de 42 mensualidades a 33 dias con máximo de 24 mensualidades.

-Facilidad para aplicar masiva y sistemáticamente una indemnización por despido menor que la referida a causas objetivas, fundamentalmente económicas y productivas, de 20 días por año trabajado con máximo de 12 mensualidades. Ampliación de este tipo de despido -individual y colectivo- también al sector público.

-Indemnización por despido vinculada a contratos temporales en 8 días por año trabajado.

-Facilidad para incrementar la contratación temporal con la creación de un contrato con periodo de prueba de un año.

-Fomento de las Empresas de Trabajo Temporal para su intervención en cualquier sector, incluida la gestión de la contratación temporal del Sector Público.

A este respecto, podemos decir que a menor indemnización y facilidad para el despido, más facilmente las empresas destruirán empleo en vez de buscar formulas alternativas. Esta cuestión, por ejemplo, se apuntaba en un informe elaborado por el Banco Mundial en septiembre de 20105 donde se evidencia que en aquellos países con mayor empleo temporal y consecuentemente con más contratos con bajas indemnizaciones por despido, la destrucción de empleo en un contexto de crisis es mayor. Por lo tanto una de las conclusiones contrastadas es que precisamente a mayor contratación temporal (con indemnización por despido muy baja) y a menor indemnización por despido en los contratos fijos, la consecuencia será un incremento de los despidos y por lo tanto del desempleo en momentos de crisis. A esto se le debe sumar la obvia precarización de la calidad del empleo.

-Por otra parte se pone énfasis en la reducción de jornada y suspensión de contratos con el pago del subsidio de desempleo como alternativa a la extinción de contratos, lo que supone cargar a los trabajadores y la seguridad social, no a los beneficios empresariales, el peso del ajuste.

-Por último, se articulan los mecanismos para facilitar prácticamente sin causa la modificación de condiciones de trabajo y el descuelgue o inaplicación de los convenios colectivos. Todo ello afectando a la totalidad de las materias que los regulan, como són salarios, horario, descansos, etc. Se limita la ultraactividad de los convenios a un año por lo que una vez decaídos la unica norma de referencia será el Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo interprofesional.

¿Quién se beneficia de estas reformas laborales?

La pregunta lógica que debemos hacernos, si realmente las reformas no sirven a los intereses de la población trabajadora -la mayoría-, es ¿cuál es el objetivo real de las mismas? o mejor aún ¿quién se beneficia de la aplicación de estas reformas y a quienes perjudica?

Para responder a estas preguntas es útil hacer un breve repaso de algunos datos significativos.

Por un lado, los indicadores del desempleo no han dejado de empeorar desde el inicio de la crisis y las consiguientes reformas y ajustes laborales, fiscales y presupuestarios. El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, acentúa su decrecimiento interanual lo que supone la reducción en los últimos 12 meses del número de asalariados en 903.700 empleos netos (del IV trimestre de 2011 al mismo de 2012). La tasa de paro se establece según la encuesta de población activa en el 26’02%, esto es 5.965.400 parados y paradas. Tanto el empleo público como el privado presentan variaciones anuales negativas. El empleo público registra una tasa del –6,98%, mientras que la ocupación baja a un ritmo del 4,30% en el sector privado. El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se incrementa en 95.800 y se sitúa en 1.833.700. Estos datos superan todas las previsiones negativas elaboradas hasta el momento. Los resultados de la política económica y laboral implementada se encuentran desagregados por comunidades y provincias, siendo algunas comunidades mucho más afectadas por el desempleo, tales como Andalucía (36%), Extremadura (35%), Canarias (33%), Castilla La Mancha (30%), Murcia (30%), Comunitat Valenciana (29%), mientras el resto oscila entre el 19-23% con la excepción de País Vasco (16%), Navarra (17%) y La Rioja (18%)6. Las vías para la destrucción de empleo desde el inicio de la crisis han sido la finalización de contratos temporales, el despido improcedente y objetivo por causas económicas, asi como los despidos colectivos que suman de media alrededor de 6000 despidos mensuales desde 2009 hasta finales de 2012.

Desde una perspectiva económica, los datos de la distribución de la renta -entre salarios y beneficios empresariales- son clarificadores para entender el impacto de la crisis y las reformas asociadas. Los salarios y cotizaciones sociales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), han pasado de representar el 53% del PIB a principios de los 80, frente al 41% de los beneficios empresariales, a solamente el 46% del PIB en 2011 frente al 46’2% de los beneficios empresariales, superando ya los beneficios a los salarios. Dicho de otra forma, la renta generada en el Estado español por los asalariados -la mayoría de la población- ni tan sólo supone una parte mayoritaria de la renta del país. Los datos más recientes publicados por el INE a mediados de noviembre de 2012 apuntan a que la tendencia se va a agudizar, puesto que la remuneración de asalariados ha caído un -5’5% en el tercer trimestre de 2012 respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que los beneficios empresariales han incrementado un 2’7% en el mismo período. Esta tendencia a la caída de los salarios se ha agudizado en 2012 (caída interanual de los salarios del -2’8% en el primer trimestre, -5’0% en el segundo y del -5’5% en el tercero) mientras los beneficios han tenido una tendencia creciente en los últimos trimestres 6’3% de incremento el II trimestre de 2011 respecto a 2010- aunque desacelerándose en 2012. Esto se explica tanto por la caída en el numero de empleados como en la reducción media del salario percibido. Por lo tanto las empresas se están viendo beneficiadas tanto de la crisis como de las políticas a ella asociadas que promueven desempleo y reducción salarial.

Incluso el Banco Central Europeo reconocía a principios de agosto que las reformas laborales provocarían una caída “acusada” de los salarios en España. De hecho las propias estadísticas europeas7 señalan que la caída acumulada del salario real per cápita en España entre 2010 y 2013 rondará el -7’2%. Esto se explica por las caídas en los salarios reales per cápita desde la aplicación de las políticas de ajuste con un -2’3% en 2010, -2’3% en 2011 y las estimaciones de -1’6% en 2012 y -1% en 2013.

Tenemos pues la evidencia de uno de los objetivos clave de las reformas: bajar salarios para que los empresarios ganen más y se recupere la tasa de beneficios. Los mecanismos de este proceso son precisamente rebajar las indemnizaciones por despido y eliminar los salarios de tramitación, facilitar el mismo para ahorrar salarios que a menudo las empresas podrían pagar si mantuvieran el empleo, promover una devaluación de los convenios, inutilizando de facto la negociación sectorial para promover la de empresa, facilitando su descuelgue -tanto los regulados en la empresa privada como la administración pública-, dificultando su renovación -ultraactividad- y dificultando también los mecanismos automáticos de subida salarial. Precisamente la profundidad de dichas reformas -sobretodo la de 2012- y el hecho de que tendrán un mayor impacto en los próximos trimestres, supone que los resultados estimados puedan ser peores para los intereseses de la clase trabajadora.

Por otra parte y de forma indirecta, la reducción del peso de los salarios está provocando una reducción de las cotizaciones a la seguridad social para desempleo o pensiones, y de los impuestos que financian servicios públicos como sanidad, servicios sociales o educación, entre otros8. A su vez las rentas empresariales y del capital financiero no sólo contribuyen poco en las cuestiones citadas, sino que ademas se están viendo beneficiadas de políticas fiscales que refuerzan su poder y sus beneficios, tales como las amnistías fiscales o los procesos de privatización en marcha.

Otro de los objetivos, desde una perspectiva de las relaciones de poder en el mundo del trabajo, es que las sucesivas reformas buscan debilitar el poder del trabajador y trabajadora en el mercado de trabajo. Ya sea al incrementar la precariedad de la contratación, rebajar la indemnización por despido como al facilitar el mismo y sostener -incrementar- el desempleo estructural, reduciendo los subsidios de desempleo, endureciendo las condiciones de acceso a los mismos, como presión añadida.

Por el contrario, se refuerza el poder de dirección empresarial para ejecutar todo tipo de medidas con la excusa de las causas económicas y productivas. También se busca debilitar el poder asociativo -sindical- al dificultar en este contexto la presión sindical para conseguir mejoras, a la vez que quitan poder institucional a los sindicatos oficiales con las reformas de la negociación colectiva.

4.- Conclusiones y vías alternativas

Los objetivos de la política económica y las reformas laborales, más concretamente la de 2012, es acelerar los procesos de redistribución de la renta hacia el capital -para que incremente sus beneficios- forzando la reducción de los salarios con el consiguiente incremento de la pobreza de una mayoría de la población. Asimismo, se está forzando deliberadamente el incremento de las tasas de desempleo hasta limites insostenibles. Desde una perspectiva de las relaciones de poder en el trabajo, las reformas pretenden debilitar tanto el poder individual del trabajador o trabajodora (promoviendo la contratación temporal precaria, reduciendo la indemnización por despido y promoviendo el sostenimiento de altas tasas de paro) como el poder colectivo de los sindicatos dificultando la acción sindical en este contexto.

La aplicación de las recientes reformas laborales se puede y debe contrarrestar por medio de la acción sindical con negociación colectiva de empresa y localidad a la que la CNT tiene acceso con la presión sindical asociada. Las situaciones de conflictividad elevada y de naturaleza colectiva no son reguladas por la ley sino por el poder y la fuerza sindical. Las recientes reformas laborales obligan a las Seccciones Sindicales en las empresas y administraciones a tener un control más exhaustivo del funcionamiento económico, productivo y laboral de las mismas para poder combatir las políticas empresariales de empeoramiento de condiciones y despidos masivos. Estas cuestiones para la CNT son una reafirmación de los pasos previos necesarios para la consecución de un control total de las empresas, las administraciones, y de la economía, promoviendo la recuperación y cooperativización autogestionada de empresas, una gestión social de las administraciones, asi como un cambio en el sistema económico y social.

Por otra parte, el alto nivel de desempleo exige la formulación de propuestas alternativas. Obviamente estas propuestas se implementarán en función de la correlación de fuerzas y de la capacidad de presión para su aplicación, tanto en las empresas y localidades vía negociación colectiva, como ante las diferentes estructuras de la administración del Estado. Es necesario repartir el empleo y la riqueza, por medio de la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales sin reducción salarial, eliminando pluriempleo, horas extra y subcontratas. Respecto al reparto de la riqueza són necesarios los incrementos salariales lineales que cubran también la pérdida de poder adquisitivo por la inflación creciente, así como aumento de la cobertura de la prestación por desempleo, tanto en período de cobertura como en la cuantía de la prestación. A su vez es necesaria una cobertura universal de los trabajadores y trabajadoras en paro, que agoten su prestación o no tengan derecho a ella, mediante un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Ello debe ser financiado recuperando el expolio al que se está sometiendo a la clase trabajadora con el sistema de impuestos indirectos que convierten a la clase trabajadora en el contribuyente fundamental beneficiando a los más poderosos económicamente, proponiendo la aplicación de medidas destinadas a la consecución de un reparto de la riqueza que penalice las desproporcionadas rentas y beneficios del Capital.

La elevada tasa de desempleo también aconseja el impulso de políticas específicas por parte del anarcosindicalismo para tener un control de la oferta de trabajo y una articulación de asambleas de parados y paradas. Que se organicen los no organizados es un reto para poder ejercer la presión social suficiente con el ánimo de conseguir los objetivos marcados. Junto a ello se debe intervenir ante el desempleo y la pobreza mediante el impulso de cooperativas de trabajo y consumo que puedan realizar inversiones necesarias socialmente. Por último, la coordinación entre sindicatos, parados y cooperativas puede promover estrategias de desarrollo economico local que se opongan al neoliberalismo y el capitalismo estatales.

1 El crecimiento económico genera estabilidad social, a la vez que ingresos fiscales y posibilidad de enriquecimiento de los aparatos políticos y los propios políticos por medio de la corrupción inmobiliaria, entre otras.

2 Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y posterior ley homónima 35/2010, de 17 de septiembre.

3 Real Decreto Ley 7/2011 de 6 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva

4 Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y Ley homónima 3/2012, de 6 de julio.

5Gamberoni, Elisa et al. The Roles of Openness and Labor Market Institutions for Employment Dynamics during Economic Crises. Number 29. september 2010. World Bank Economic Premise.

6 Encuesta de Población Activa (IV Trimestre de 2012). Publicada el 24 de enero de 2013. Consultable en: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0412.pdf

7 European Commission’s Statistical Annex of the European Economy, Spring 2012

8 Nótese que no solamente el incremento del desempleo perjudica las cotizaciones e impuestos, sino también la reducción salarial puesto que los beneficios empresariales quedan minimamente afectados por la estructura impositiva española.

Lluís Rodríguez Algans. Economista
Gabinete Técnico Confederal de CNT.
Fuente: http://www.cnt.es/noticias/los-condicionantes-del-desempleo-masivo-en-el-estado-espa%C3%B1ol-y-las-alternativas
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