[Libro] Los pulsos de la intransigencia. Lemoiz, Leizaran, Itoiz por Juantxo Estebaranz

LibroEl objetivo de este artículo es analizar de qué modo y bajo qué luchas y parámetros políticos e ideológicos surge una comunidad antidesarrollista militante en Euskal Herriak. Qué conflictos y ambientes posibilitan tal eclosión y cómo las diferentes visicitudes de estos moldean a los grupos opositores hasta destilar una corriente de opinión y de acción que radica su identidad en una cultura movilizatoria como crítica práctica del desarrollismo, entendido éste como un rechazo de la idea de progreso desde los anhelos modernizadores perpetuos intrínsecos al capitalismo, propósitos que destrozan el territorio mientras arrasan nuestras vidas. Comunidad que tiene ante sí el deber de leer de sus propias vivencias para extraer las conclusiones necesarias que le permitan enfrentarse con éxito a sus nuevos retos.

Para ello analizaremos tres conflictos medioambientales emblemáticos que han marcado las épocas políticas en las que han desarrollado o transcurren. Conflictos que han condicionado la cultura militante no sólo ecologista sino que en su transcurso han desbordado su carácter sectorial para impregnar los tonos y ritmos de otras y diversas protestas sociales.

Hablamos en primer lugar de la oposición popular a la construcción de la autovía entre la localidad navarra de Irurzun y la guipuzcoana de Andoain y que fue popularmente conocida como el conflicto de Leizaran por ser este valle y su patrimonio ecológico el principal argumento en liza durante aquel proceso, cuyos momentos álgidos se dilataron durante tres intensos años desde el año de 1989 hasta 1992.

El segundo de los conflictos medioambientales a analizar es el represamiento del río Irati que sumergió entre otros el pequeño pueblo navarro de Itoiz cuyo llenado, iniciadas las obras en 1993, no pudo realizarse su llenado hasta once años después en 2004, conflicto aún abierto puesto que la inestabilidad de las laderas de la presa amenaza no sólo la integridad de las poblaciones limítrofes con el cuestionado pantano, sino la propia pervivencia del mismo.

La última de las oposiciones está en el momento de la redacción de este trabajo en plena ebullición y se trata del proceso de oposición a la construcción de las líneas de alta velocidad ferroviaria en su trazado vascongado y navarro cuyo inicio, más simbólico que generalizado, se realizó durante el otoño de 2006 en la localidad alavesa de Luko. Nuestro recorido histórico por este conflicto se detendrá sin embargo en 2001, cuando la creación de una nueva coordinación opositora modificó sustancialmente las bases del mismo, considerando además que las más inmediatas visicitudes de un conflicto en marcha dejarían necesariamente obsoletas las conclusiones de este análisis.

Estos tres procesos de oposición, cuya importancia relativa hace presente su huella en la memoria colectiva de lucha, tienen diversos aspectos que los ponen especialmente en relación.

El primero de ellos es obviamente el carácter medioambiental que les emparenta puesto que el argumento inicial de los movimientos que se articulan contra estos proyectos es la conservación del patrimonio natural que pudiera ser destruido cuando éstos se ejecutaran. Pero a la par de esta evidencia se encuentra igualmente la reivindicación del paisaje humano de los mismos, la defensa del modo de vida rural que se desarrolla en el interior de los parajes a conservar.

Otra de sus características comunes es que o bien porque su ejecución afectaría a gran parte de la superficie de los territorios vascos o bien porque se pretenden ejecutar sobre entornos de gran contenido simbólico en el imaginario colectivo vasco, estos procesos de oposición trascienden los ritmos e intereses específicamente de las localidades afectadas para pasar a convertirse en conflictos de un marcado carácter «nacional».

Pero si para la parte opositora se convierten en una prioridad a nivel de colectividad de lucha, también para la parte promotora se convierten en proyectos inflexibles y los procesos de oposición que generan se contemplan como desafíos políticos de primera magnitud. Su común denominador de obras de carácter infraestructural (impulsadas por las administraciones provinciales o autonómicas en común interés con la administración central y participadas de financiación institucional española o europea) les hace depender, por encima de la propia infraestructura, de los equilibrios y prioridades de los agentes políticos en los diferentes gobiernos así como de los apetitos de los grupos económicos que acometerán la construcción de los propios proyectos.

Fijaremos nuestra atención también en el hecho de que en el curso de los tres conflictos aquí analizados se ha practicado la caracterización de los mismos en función de los usos de la violencia (o de su omisión) y sus dinámicas de oposición han sido objeto en el transcurso de las mismas de una intensa criminalización en función de sus pretendidas afinidades con estos usos.

En cuanto a la composición interna de los contingentes movilizados, queremos tener especialmente en cuenta que en el transcurso de estas luchas emergen o participan de las mismas de un modo no anecdótico grupos ecologistas que no corresponden a los esquemas conservacionistas ni mantienen débitos con agentes políticos convencionales, manifestando al contrario una orientación ideológica anticapitalista y opuesta a la tradición progresista de la cual también son originarios los diferentes grupos políticos de la así llamada izquierda revolucionaria. Es a estas corrientes invisibilizadas por los agentes políticos y los grandes grupos de comunicación, y que también se caracterizan por hacer bandera identitaria de esa autonomía plena de criterios y actuaciones, a la que hemos denominado como comunidad antidesarrollista.

Caracterizados así estos tres procesos seguiremos en el curso de su análisis una aproximación similar a los mismos. Como inicio recordaremos el tiempo político en el que estuvieron inmersos: las relaciones de poder entre los diferentes agentes políticos, los intereses de las administraciones provinciales y autonómicas, así como la composición concreta de los grupos ecologistas o de oposición.

Reflejaremos especialmente los hechos violentos realizados en el curso de estos procesos, su recepción por parte de los grupos formales de oposición, así como cuantificaremos las acciones caracterizadas como «violencia militante» y las realizadas en el marco de las actividades de los grupos específicos de ejercicio de «lucha armada». Mostraremos un especial interés en cómo estos hechos han sido o no el eje central del discurso de los grupos promotores y sus comparsas mediáticos para (des)calificar a los de oposición y cómo estas violencias han sido rentabilizadas por otros y cercanos agentes políticos.

No obstante, nuestro ojo se detendrá con especial interés en describir los modelos movilizatorios a los que responden las fuerzas en oposición a los proyectos infraestructurales y sus relaciones e influencias con procesos de lucha contemporáneos a los suyos propios y cómo en el curso de esta tríada ha sido decisiva la contribución de las labores de los grupos antidesarrollistas.

 

Leizaran: desafectos de tan pírrica victoria

La conexión entre las capitales navarra y guipuzcoana a través de un corredor directo para tráfico rodado que eludiera los angostos pasos por las pequeñas ciudades industriales que proliferaban en las vías tradicionales se había constituido desde finales de los años setenta tanto en objetivo institucional como en oportunidad de beneficio para las grandes constructoras.

La elisión de estas poblaciones mayoritariamente guipuzcoanas que habían engrosado su actividad industrial durante el franquismo al amparo sobre todo de la arteria que constituía la llamada Nacional-1 (carretera que conecta la frontera de Irun con Madrid) se debía acometer así por territorios donde el desarrollo urbano no hubiera proliferado y de esta manera desde las instancias políticas y empresariales interesadas se fijaron las miras en el valle de Leiza, valle que media entre la localidad navarra de Irurzun (que se ubica ya en la carretera que une esta N-1 ya descrita con la capital navarra) y la población de Andoain, en la frontera ya de la propia comarca de Donostia.

El primer proyecto de autopista (denominada A15) con este trazado que data de comienzos de la década de los ochenta, contó tanto con la decidida oposición de vecinos de los valles atravesables, como de las pequeñas localidades urbanas elididas, de los ecologistas agrupados en el Comité Antiautopista de Gipuzkoa como por otro lado con las dificultades económicas de las instituciones implicadas y la falta de iniciativa de los grupos empresariales promotores que no habían visto cumplidas sus expectativas de ganancias con similares y previas aventuras.

Para comienzos de 1982 el proyecto de atravesar Leizaran con una vía rápida es desestimado por estos múltiples factores, quedando la zona a la espera de renovados proyectos, mas aportando este primer asalto una cultura movilizatoria que posibilitaría en un futuro próximo la reedición de las alianzas que en los años 80 y 81 se habían ya ensayado.

Y en efecto, casi cuatro años después reaparece el proyecto en forma de autovía que insiste en conectar por una vía rápida las capitales e invadir el preciado valle. De igual modo se reanudan las alianzas zonales entre las administraciones locales de los valles afectados, agentes políticos de las villas industriales y grupos ecologistas y juveniles. Desde la primera oposición se trenzan diversos intereses contra la futura autovía: los habitantes de las zonas agredidas que pretenden conservar su territorio y su modo de vida sin que les atraviese una agresiva infraestructura, la defensa de los intereses de las poblaciones medias cuya actividad industrial se beneficia de su condición de población de paso y las intenciones conservacionistas del intacto valle de Leiza tanto desde la florecida conciencia ecologista como por parte de quienes desde poblaciones limítrofes lo apreciaban en su condición de último pulmón verde de la zona.

Para abril de 1986 está establecida formalmente la Coordinadora AntiAutovía que alberga en su seno como genuino movimiento social una amalgama de intereses reunidos en un común proyecto de oposición. Sus argumentaciones serán en un principio las mismas que se habían recogido contra la autopista: que los incrementos de los propios volúmenes de tráfico rodado no se correspondían con la acometida de tal infraestructura y por el contrario se reivindican los valores del patrimonio rural y ecológico allí presentes. De igual modo se rubrica la capacidad de veto de las instituciones locales y vecindario en general.

Desde instancias de la Coordinadora se comienzan a realizar labores de interposición de alegaciones ante las diferentes instancias autonómicas o provinciales que se topan con la cerrazón primero del Gobierno de Navarra y un mes después de la Diputación de Gipuzkoa. Desestimada la vía recursiva, el año de 1987 comienza entonces con una llamada al debate público entre opositores e instituciones que constituye en realidad el preludio del comienzo de una creciente movilización contra la futura infraestructura, que vería para mayo la primera de las manifestaciones en la capital guipuzcoana, desplazándose hasta la misma alrededor de cuatro mil personas.

Comienza de este modo el duelo contra las administraciones provinciales cuya composición política diverge enormemente. El gobierno de Navarra se encuentra en manos del partido socialista corresponsalía del gobierno central en el viejo reino también detentado por un partido que había sido reforzado con su segunda mayoría absoluta parlamentaria. Tras abandonar a su suerte a la empresa Iberduero en el contencioso de Lemoiz, estos abiertos partidarios de la «modernización» continuaban su inexorable camino de integración del estado español en el espacio económico y político europeo, donde la malla infraestructural era propósito político y motor económico. Y de igual modo, la pretendida pacificación del territorio conocida como antiterrorismo se constituía en objetivo electoral pero también en una actividad económica con la que financiar las arcas del partido tanto en su versión local como estatal. Del lado guipuzcoano la Diputación estaba detentada por Eusko Alkartasuna, reciente escisión del partido nacionalista vasco, que había conseguido notables éxitos en las elecciones a las administraciones locales y provinciales de gran parte de los territorios vascos. Sus labores de neófitos en las lides políticas como formación independiente les acercaban decididamente hacia la inflexibilidad, puesto que habían de demostrar a su recién adquirido electorado seguridad en su capacidad de gestión y merecida confianza en aquel renovado proyecto político.

Del lado opositor también se encontraban notables diferencias entre las fuerzas navarras y las guipuzcoanas. Navarra había sufrido un éxodo rural hacia la capital en los primeros setenta que había concentrado en su anillo urbano el grueso de su población. Los tramos de la futura autovía agredían en menor proporción a este territorio, concentrándose los daños en el paso de Dos Hermanas y en terrenos de las localidades del corredor que unía ambos territorios. Durante las abundantes huelgas de finales de los años setenta había eclosionado un importante contingente obrero y vecinal y sus señas de identidad se basaban sobre todo en una conciencia antirrepresiva más que nacionalista. También eran importantes los ensayos políticos de candidaturas que incluían la sensibilidad ecologista y alternativa entre sus postulados, aun cuando paradójicamente quienes capitalizaron políticamente esta conciencia antirrepresiva con una importante presencia parlamentaria fueron las fuerzas más a la derecha de aquella unidad popular vasca llamada Herri Batasuna.

En Gipuzkoa, por el contrario, las pequeñas ciudades industriales eran una vasta realidad y en ellas había florecido un proletariado con una importante conciencia nacionalista y la presencia institucional de las fuerzas de izquierda abertzale era relativamente importante en la totalidad de éstas y mayoritaria en muchas de ellas. Y común a ellas se encontraba ya la existencia de la nueva contracultura que había emergido de los centros históricos de las villas, concretándose en una explosión de propuestas creativas y reivindicativas cuyos elementos promotores contaban como bagaje movilizatorio con la experiencia constitutiva del movimiento antinuclear y cuyos directos antecesores habían participado activamente en la primera oposición antiautopista. De tal modo que durante el periodo 87-89, periodo de agitación y propaganda contra el proyecto, se va perfilando en el seno de la oposición una nueva sensibilidad a añadir a las ya descritas previamente y es la que desarrollará una crítica radical a la propia idea de progreso y modernización más allá de argumentos técnicos y tácticos.

Proviniendo de estos varios solares, las diferentes aristas de la oposición contra la autovía recaudaban diversas insatisfacciones, y la presencia en las administraciones locales de reconocidos opositores, que no sólo correspondían con la izquierda abertzales de la unidad popular, daba un progresivo cuerpo al rechazo.

El ecologismo político a nivel vasco se encontraba entonces lamiéndose sus heridas por su reciente escisión, que le había dejado particionado en tres tendencias: una afín al movimiento nacional vasco y plegado a los ritmos e intereses tácticos de éste (Eguzki), otra vinculada a sensibilidades de la izquierda extraparlamentaria vasca y con importantes vínculos con secciones similares en el estado español que basculaban ya progresivamente hacia la crítica posibilista y la profesionalización (Eki) y un conglomerado de grupos que comprendían desde los dedicados a la denuncia conservacionista a los más desengañados de las triquiñuelas políticas de los dos anteriores (Coordinadoras en Bizkaia y Navarra).

A este panorama ecologista y merced a la existencia en aquellas pequeñas ciudades industriales de expresiones radicales juveniles de corte autónomo, fruto de la ya descrita eclosión política, donde las expresiones comunicativas y espaciales (casas okupadas y gaztetxes y prensa informal escrita así como radios libres) eran una realidad en la práctica totalidad de las poblaciones del trazado de la N-1, aportó un importante contingente que se sumaba a la oposición antiautovía desde instancias de rechazo al modelo productivo imperante y a las relaciones que este imponía. Una modesta realidad numérica pero como decimos muy activa y con una importante presencia relativa en todo el trazado.

Rechazada la senda optada de las alegaciones, comienza para la Coordinadora el lento camino de edificar la oposición, comenzando por popularizar el conocimiento de una nueva infraestructura que aplicaba el rodillo institucional a las vías recursivas que sobre el papel se otorgaban a las ciudadanías.

Todo fue precipitándose hacia un inexorable inicio de las obras en el verano de 1989 mientras las muestras de inflexibilidad institucional se crecían tras el reciente fracaso de las conversaciones entre ETA y los gestores socialistas del estado español en la ronda de Argel. Aun y todo, el sentido de estado ante una no improbable entrada en las institucion es vascas se fue trasladando al interior de la inteligentsia de la izquierda abertzale merced a estas o ulteriores negociaciones y se va perfilando un importante giro hacia las corresponsabilidades políticas en las labores de articualción del territorio, de tal modo que comienzan a adjuntarse en la vía recursiva soluciones de mejora a los trazados propuestos.

Cuando comienzan efectivamente del lado navarro las obras, la Coordinadora solicita una moratoria en la ejecución de la misma insistiendo en que tiene una alternativa en proyecto y comienza la edificación de esta, no sólo en cuanto a la propia redacción de la misma sino que, sobre todo, se comienza a articular un lenguaje político que insiste, en que, la posesión de un plan alternativo al esgrimido desde las instancias provinciales es su principal activo. La solicitada moratoria en el inicio de las obras coincidiría con el plazo que la Coordinadora se autoimpone para proporcionar una solución viable alternativa al primer trazado.

Así, en un lenguaje caracterizado por su tono de responsabilidad política, la Coordinadora se compromete a proponer un nuevo trazado que, sin partir de los presupuestos iniciales (una vía rápida por la distancia más breve entre ambas capitales), por el contrario articule el territorio atendiendo a las demandas tanto de incremento real de tráfico rodado como de los intereses de las villas que se encuentran en la carretera tradicional y que tenga en especial cuenta los costes medioambientales.

La Coordinadora de este modo se va desplazando hacia un modo inédito en el ecologismo vasco hasta la fecha que traslada hacia un lenguaje técnico el conflicto y por lo tanto busca el final de este en soluciones también técnicas. Con este paulatino viraje y con la búsqueda de recursos que pudieran materializar el buscado proyecto se comienza también una amplia campaña de filiación bancaria de las bases opositoras y comienzan a proliferar nuevos grupos locales pero no ya con la rica heterogeneidad de un movimiento social, sino basados en la práctica de la difusión de la proyectada alternativa, con un comportamiento más cercano a la sucursal política que a la del grupo con criterios y propuestas propias.

Sin embargo, al mismo tiempo, da comienzo en la localidad navarra de Uitzi la acampada permanente contra la autovía que realizará un control y seguimiento a pie de obra y en cuyo interior y llevando la dinámica cotidiana se ubicarán jóvenes provenientes de esa oposición radical antiprogresista. Durante el semestre que permanece la acampada se realizarán en su seno un sinnúmero de debates y será una escuela de acción directa en la que la realización de labores de entorpecimiento, boicot y sabotaje será una constante cotidiana. Su permanencia posibilitará también que este conflicto vaya ampliando su oposición, puesto que jóvenes de los ambientes radicalizados vascos se trasladan no sólo a conocer in situ los desmanes que la futura autovía cometería en aquel valle, sino que estos también se impregnarán de estas iniciativas tan alejadas de la corrección política que va esgrimiendo la Coordinadora.

En septiembre del 89 comienza a ejercer asimismo una notable influencia en todo el conflicto la actividad armada de ETA Militar, que da inicio a la misma con dos de las iniciativas que caracterizarían su labor durante los dos siguientes años: por un lado la actuación contra empresas adjudicatarias de las obras mediante explosivos en sedes y envío de cartas-bomba destinadas a sus responsables y por otro lado la irrupción dialéctica tanto de sus amenazas a los mismos como de sus reflexiones y recomendaciones políticas.

Como en casi cualquier periodo político tras el fracaso de una ronda de conversaciones entre gobierno y grupo armado de oposición, se impone de un lado la reanudación de las actividades militares con una notable escalada en su realización u objetivos y por el opuesto un aumento de la actuación policial y de la inflexibilidad política. De esta manera, en aquel verano posterior al fracaso de Argel, ambos contendientes pretenderán medirse en la arena del conflicto de la autovía Irurzun-Andoain tensionando con sus movimientos los propios ritmos de éste.

Pero a la par también se reactiva el pacto político (conocido como Pacto de Ajurianea) que intenta excluir de todos los ámbitos de decisión a la izquierda abertzale, y que se había sido puesto en marcha un año antes cuando la actividad militar acumulativa cara a la ronda negociadora de la organización armada estaba en pleno apogeo. Esta política de aislamiento de cualquier agente político que pudiera ser relacionado con el bloque a excluir afectaba gravemente a los propósitos de diálogo con las instituciones que demandaba la nueva apuesta por una alternativa técnica de la Coordinadora.

Cumplido el plazo que a sí misma se había impuesto, se presenta la alternativa Lurraldea que es precedida de importantes movilizaciones en la capital guipuzcoana. Pero en estos seis meses la escuela de la radicalización de la Acampada permanente así como la irrupción de las actividades nocturnas de sabotaje en dependencias de las empresas adjudicatarias desde diversas y distintas instancias colocan a la oposición en nuevas tesituras.

Sin pausa las primeras obras relacionadas con la autovía van realizándose. Sondeos topográficos, pero también las primeras talas, construcción de pistas de acceso y otras agresiones al entorno. La guardia civil acantonada en el antiguo edificio de la Cruz Roja de Lekunberri marca (con la ayuda de los guardias jurados contratados por las empresas adjudicatarias) a los acampados permanentes, llegándose en la zona a escenas de tensión y enfrentamiento diario, lo que no impide que por contra desde la Acampada se sigan promoviendo acciones de boicot público posibilitado porque la correlación de fuerzas en la zona permite un cierto ilegalismo de masas.

Pero si la irrupción de ETA Militar en el conflicto tiene un carácter excepcional y actúa con cierta precisión en momentos claves buscando la oportunidad táctica, la generalización de los sabotajes contra empresas adjudicatarias y bancos financiadores se va convirtiendo en un hecho que desborda los límites territoriales y aledaños de aquellos valles para extenderse a gran parte de la geografía vasca. Esta extensión de los ataques sólo puede llegar a entenderse comprendiendo que su origen parte desde distintas instancias y sensibilidades.

Existen los ataques coordinados y que se producen simultáneamente en múltiples localidades vascas y que se focalizan mayormente sobre entidades bancarias afines al proyecto de autovía. También incursiones nocturnas en instalaciones de empresas adjudicatarias que son hechos aislados geográficamente y que responden a impulsos singulares de afinidades locales.

Y por último hay que constatar un hecho distorsionador en la propia actividad saboteadora en el conflicto, como fue la irrupción de falsos incendios y otros daños que fueron ocasionados desde instancias cercanas a las empresas constructoras o desde las empresas de «protección» que buscaban o bien recaudar los fondos de compensación destinados por las instituciones públicas para paliar los desmanes anónimos o bien acrecentar los porcentajes de las propias compañías de seguridad contratadas, en teoría, para la disuasión de este tipo de actividades.

Así las cosas, la entrada en el segundo semestre de 1990 nos proporciona de un lado la licitación de las obras en el tramo guipuzcoano (que serán destinadas a una unión temporal de empresas de origen vasco en consonancia con los intereses localistas regidos entonces desde la Diputación) y por contra la irrupción en escena de las actividades saboteadoras que irán minando en sus localidades de origen o actividad la solvencia de estas empresas adjudicatarias tan sólo paliada por los fondos destinados a una obra que ya es «cuestión de Estado». Las empresas acusarán pronto la impopularidad costosa de sus labores y amenazarán con abandonar las obras mientras elaboran un trazado alternativo al propio proyecto institucional que explorará sus propios caminos. Mientras tanto la Coordinadora, que va transmutando su nombre hacia el originario de su alternativa, el de Lurraldea, intenta ejercer de «oposición razonable» y articula sus actuaciones públicas en mensajes que huyen del enconamiento entre partes, rechazándose internamente el uso de lemas negativos del tipo «contra la autovía», lo que va empujando a la aparición de las primeras críticas públicas desde los sectores antidesarrollistas emergentes, que comienzan a denunciar la táctica de la construcción de una alternativa y en paralelo, a publicitar las direcciones de las constructoras en una promoción de unas actividades de sabotaje que no eran exclusivas de estos ambientes anticapitalistas juveniles.

La ansiada autovía, condenada a comienzos de año a un parón fáctico debido a la negativa de las constructoras vascas a comenzar las obras en el tramo guipuzcoano, seguiría con igual tónica mientras se suceden las movilizaciones, las llamadas a la cordura política, la reasignación precipitada de la concesión del tramo guipuzcoano a una constructora madrileña, y mientras tanto prosiguen incesantes los ataques a constructoras y bancos. También en este primer trimestre ocurre un episodio armado difícil de catalogar: muere el delegado regional en Valencia de una empresa española que había licitado sin éxito en el concurso de adjudicaciones. Tras tres días en los que tanto prensa como fuerzas policiales atribuyen el hecho a un ajuste de cuentas mafioso, ETA Militar sale apresuradamente a la palestra reivindicando tan extraviada acción y emitiendo uno de los comunicados más confusos de su historia como organización armada. La distancia entre la oportunidad táctica de algunas de sus escasas aunque certeras acciones en este conflicto junto con la nula relevancia del finado en el conflicto hacen que la inútil muerte de este no llegue a alterar los ritmos propios del proceso de oposición.

Por el contrario, el alto coste económico y político de este conflicto será un factor determinante para que las instituciones navarra y guipuzcoana, que habían cambiado de manos tras las elecciones de mayo, determinen un giro conciliador, camino negociador nunca descartado en privado. La derecha foralista navarra detenta ahora la presidencia del parlamento mientras que el PNV recupera su Diputación. Es el momento de aceptar los gestos conciliadores y las posibilidades pactistas que en el seno de la Coordinadora, ahora Lurraldea, eran conocidos para sus oponentes desde finales de 1989. En agosto de 1991 se conoce el preacuerdo entre el autoproclamado líder de Lurraldea y el nuevo diputado general, mientras que la derecha navarra se dejará querer para un arreglo similar unos meses más. Lurraldea convocará una manifestación para avalar el preacuerdo que constituirá el divorcio definitivo con los sectores anticapitalistas y antiprogresistas que se autodefinirán ahora como «Grupos Antiautovía», desarrollando una actividad separada ya de la Coordinadora y ahondando en la crítica ecologista que les separa definitivamente de cualquier aceptación de la necesidad de un acuerdo de minimización de impacto.

Los bailes entre lo que será el trazado definitivo y las diferentes alternativas institucionales y de la antigua oposición en función del equilibrio de fuerzas y los pactos parlamentarios aburrirían ahora tanto como resultaron ininteligibles en la época. En el semestre entre el preacuerdo y el acuerdo definitivo se barajarán tres trazados cuyos impactos son tildados de similares por detractores y menos malos por promotores, mientras desde entornos anticapitalistas se continúa con la promoción pública de las direcciones de las empresas relacionadas con el conflicto y los «Grupos Antiautovía» prosiguen con las denuncias de las talas y promueven una nueva acampada en Bertxin, junto con otras actividades como la presencia de un fuerte y crítico bloque en las sucesivas movilizaciones que intentan disputar la hegemonía del conflicto a Lurraldea, pero sus fuerzas, aunque importantes, son exiguas.

En abril se sellarán los acuerdos en Gipuzkoa y en agosto se modifica uno de los pasos más conflictivos en el territorio navarro, junto a Irurzun. Los «Grupos Antiautovía» se enrocarán en la defensa de Leizaran convocando como ejemplo significativo una marcha montañera llamada «Muga» (como se denominará al trazado consensuado final con Lurraldea) para visualizarse los futuros destrozos de la nueva y pactada autovía. Durante aquel verano se denunciará ante las instancias legales competentes el inicio ilegal de las nuevas obras consensuadas en el tramo guipuzcoano que pese a pactos seguirán destruyendo uno de los parajes emblemáticos de aquella lucha, el alto de Otelarre en Villabona, así como se trabajará codo con codo con grupos conservacionistas que denuncian los desmanes del trazado en el lado navarro.

Una actividad numantina que derivará tras la generalización de las obras en un sinfín de críticas hacia las agresivas infraestructuras que bajo la sordina de la oposición a la autovía se habían ido desplegando sigilosamente por todo el territorio vasco y que serían objeto de una nueva oposición intransigente y antiprogresista que se desarrolló, como hemos visto, también al amparo de la lucha antiautovía.

 

Itoiz: el garantismo empantanado

El proyecto de represamiento del río Irati aprobado en 1985, y que es conocido como el pantano de Itoiz, proviene como casi todas las grandes acometidas infraestructurales de propuestas pretéritas y en su caso concreto de los grandes planes de apovechamiento hidrológico surgidos en pleno desarrollismo franquista. Sin embargo es el partido socialista quien finalmente da luz verde a la realización de este veterano proyecto.

Teniendo este partido tanto las riendas de la administración autonómica navarra como la mayoría absoluta en el parlamento español, el impulso a este viejo proyecto hidrológico contaba de antemano con un camino realtivamente allanado de obstáculos. Sin embargo, la composición política de los ayuntamientos de las zonas inundables o colindantes no se correspondía con aquella hegemonía socialista, ni por el contrario era feudo de la leal oposición de la derecha extrema navarrista. Además en aquellos profundo valles pirenaicos existían aún competencias administrativas más amplias para sus concejos así como permanecían ancestrales juntas comarcales de valle como base organizativa administrativa cuya vigencia había resistido merced a los privilegios que aún se conservaban en Navarra por su condición de territorio aforado.

De tal modo que cuando las administraciones estatales y autonómicas pretendieron comenzar tempranamente las obras se toparon no sólo con una pronta movilización popular zonal, sino también con las oposiciones municipales y comarcales que entropecieron en función de sus vigentes competencias el inicio del pretendido pantano.

Si bien a la par de la aprobación del inicio del proyecto en 1985 surge un ente colectivo, la Coordinadora contra el Pantano de Itoiz, que eventualmente convoca actos movilizatorios, los impedimentos se promocionan significativamente desde instancias administrativas locales cuyas actividades se caracterizaron sobre todo en la no colaboración en las fases previas al inicio de las propias obras, como son la elaboración de los estudios de impacto ambiental así como en los procesos de calificación y posterior expropiación de las propiedades afectadas. A la par desde la frenética actividad de un gabinete de asesoría legal de la zona comienza la labor de interposición de recursos en los diferentes estratos de la administración de justicia, confiados en que el despropósito ecológico que este represamiento acarrearía chocaría necesariamente con las legislaciones proteccionistas de la Unión Europea. De este modo el pantano, proyectado a las puertas del bosque de Irati (bosque con un importante valor ecológico no sólo por su extensión sino por sus cualidades propias como zona de transición biótica entre el clima mediterráneo y el atlántico) inundaría zonas protegidas por las legislaciones medioambientales como reservas naturales así como zonas dedicadas a la especial protección de determinadas faunas allí asentadas.

Los primeros años de la ansiada construcción de este embalse se empantanarían entre recursos y denegaciones obligando al entramado institucional socialista a modificar todo posible impedimento desde los parlamentos navarro y español, y a las administraciones locales a recurrir contra estas modificaciones cada vez a más altas instancias. Aun y todo, los recursos públicos destinados por concejos y juntas alientan y sufragan tan costosa oposición legal.

Es con la llegada de la década de los noventa cuando, derogadas las competencias locales y comarcales y alteradas también las condiciones de protección medioambiental de las zonas inundables o colindantes, el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno autonómico navarro (que en 1991 había pasado a ser detentado por la derecha foralista) aprobarían definitivamente la realización del pantano de Itoiz.

La oposición a la realización de este pantano tenía por tanto un marcado carácter local y legalista, confiando en que la negativa de las administraciones locales y la protección medioambiental fueran suficiente para paralizar el proyecto. La despoblación relativa de la zona, fruto de la emigración hacia las nuevas industrias de la periferia pamplonica en los setenta, confería un contingente de oposición humanamente escaso, que era suplido con el conocimiento y aprecio general de la población vasca de aquella zona pues era un destino preferente en su turismo interior tanto por sus valores ecológicos como por sus características de comarca poco urbanizada y vascófona.

Los argumentos proteccionistas y jurídicos por los que se decantó la Coordinadora así como la intensa labor de amparo y recurso jurídico no contribuyeron precisamente a generar o expandir una conciencia ecologista ni consiguieron por sí mismos provocar una corriente de solidaridad para con la oposición al pantano en aquellos valles. Se podría afirmar incluso que durante la primera mitad de la década de los noventa este conflicto se contempla mayormente en el resto de territorios vascos como un pulso político entre la nueva administración autonómica de la derecha navarrista y las administraciones locales de los valles pirenaicos cuya hegemonía política podía ubicarse en los entornos de tinte socialdemócrata que por entonces aún permanecían prietos en las filas de la izquierda abertzale.

De hecho, las propuestas de entorpecimiento nocturno de las labores topográficas y otras labores previas necesarias en cualquier obra infraestructural (labores que ya se habían llevado a cabo durante otros conflictos medioambientales y que debido a la extensión y la orografía de la zona eran especialmente plausibles de realizar) fueron vetadas en el seno de la Coordinadora, alejándose progresivamente de esta las gentes que eran partidarias de la acción sin mediaciones contra el denostado pantano. De igual modo, la Coordinadora se blindó contra futuras ingerencias tanto armadas como verbales por parte de ETA, confiada en que las acciones de violencia «militante» y todavía menos la armada no fueran ni siquiera contempladas en una batalla que indefectiblemente se ganaría en los tribunales.

Mas en mayo de 1993 y ante la atenta mirada de la guardia civil comienzan oficialmente las obras de la presa ante cuyo inicio aún en precario equilibrio legal (existía un recurso interpuesto desde enero del año 91 y admitido en el Tribunal Supremo español por parte de la Coordinadora sobre la legalidad de la obra) dan comienzo las fases de movilización que consiguen llevar a la capital navarra semestralmente más de 10.000 personas en oposición al desarrollo del proyecto, cifra de enorme impacto relativo teniendo en cuenta las dimensiones humanas de los territorios navarros.

Contra estas iniciativas, el partido socialista despliega como en todo el diseño de su Plan Hidrológico el argumento del necesario reparto del agua de las cuencas del Ebro, mientras que la derecha navarra utiliza el argumento a favor del represamiento aduciendo el imprescindible aporte del agua del río Irati al sediento sur mesetario navarro mediante el denominado Canal de Navarra.

Desde el lado de la Coordinadora y de sus aliados se aducen los valores ecológicos ya mentados, la defensa de la forma de vida rural, y la incoherencia de los cambalaches legales que descalifican a su libre arbitrio de los intereses políticos ciertas áreas de protección medioambiental. Junto a sus propios argumentos, la oposición a la construcción del pantano se beneficia del clima de inestabilidad política desatado por los medios de comunicación bajo la disciplina de la derecha española a partir de 1994 con el propósito de expulsar al partido socialista del gobierno central español. La palanca sobre la que se basa esta desestabilización es el hecho de una corrupción generalizada de la administración estatal en la que la autonomía regida por el partido socialista de Navarra ha sido puntal de las tramas menos defendibles. De este modo, la necesidad de la costosa infraestructura es contemplada por la opinión pública española como un nuevo y fraudulento negocio que habría sido iniciada para mantener el chanchullo de la «protección» y las «comisiones» que tantos capitales habían desviado a arcas del partido y de sus gestores desde los tiempos de la autovía Irurzun-Andoain. En este clima de destape de los vasos comunicantes entre construcción y corrupción los argumentos de reparto y bien común eran menos creíbles de lo habitual.

La formalización de un nuevo grupo navarro en marzo del 95, el colectivo Solidarios con Itoiz, trastocaría el devenir de esta oposición, incluyendo en el proceso el debate sobre la violencia, aun cuando este grupo renunciara expresa y fundacionalmente a sus usos.

Los diversos orígenes de los miembros de este grupo nos pueden dar pistas del devenir futuro de sus acciones. Desde el lado más local se suman jóvenes de las poblaciones opuestas a la realización del pantano y que demostraban una insatisfacción progresiva ante el rumbo preferencial legalista que había tomado la Coordinadora así como algunos «neo-rurales» que durante la década de los ochenta se habían instalado en la zona y que mantenían consigo el bagaje de las primeras experiencias antimilitaristas en Euskal Herriak. Procedentes de Iruñerria se encontraban gentes que habían larvado un intenso aprendizaje movilizatorio durante el proceso contra la autovía de Leizaran y que habían desarrollado durante el mismo una consistente conciencia antidesarrollista. Por último se añaden a este grupo jóvenes de los ambientes okupas de la capital navarra, algunos de ellos supervivientes de las primeras ocupaciones de comienzos de la década, otras procedentes de los renovados impulsos que posibilitaron la toma del simbólico gaztetxe de Euskal Jai en Pamplona el año 1994. El contingente relativamente amplio de mujeres en el mismo destaca frente a los grupos tradicionales de oposición de claro tono masculino.

Con el fin expreso de paralizar las obras ya en curso, el colectivo comienza una serie de acciones directas noviolentas en las instituciones navarras y españolas encargadas de las obras encadenándose a las puertas de edificios, trepando a tejados, encaramándose en balcones y otras acciones de denuncia pública. En la zona afectada comienzan los bloqueos de carreteras, los colgamientos en la propia infraestructura, encierros en dependencias de las constructoras del pantano y otras labores de entorpecimiento y acoso a las obras mismas. Los ecos en este tipo de acciones de los usos del ecologismo radical británico son evidentes y sus acciones se benefician además mediáticamente de las simpatías populares para con los nuevos grupos conservacionistas de proyección espectacular.

Por contra, como podía esperarse en una pequeña comunidad humana como la navarra, los protagonistas de estas acciones (que además no eluden la detención fruto de sus actos de denuncia), veteranos de otras oposiciones pretéritas o en curso, son rápidamente identificados por los agentes políticos pro pantano como participantes de un área cuya sensibilidad antidesarrollista y de corte «alternativo» les aleja tanto de débitos con la dirección de la izquierda abertzale como del núcleo operativo de la Coordinadora.

Es este un intenso primer año de acciones con, entre otras muchas, repetidos cuelgues de miembros de Solidarios en los cables que atraviesan el pantano transportando hormigón hasta la presa, verdadero talón de Aquiles de la obra. Fruto de esta arriesgada labor se comienza a visibilizar el conflicto fuera de las fronteras navarras y vascas. Itoiz comienza a crecer como un nuevo conflicto medioambiental que toma el relevo de la ya inaugurada autovía Gipuzkoa-Navarra. Así durante 1995 veremos crecer la movilización popular que eleva el techo de las manifestaciones contra el pantano hasta 15.000 personas en la capital navarra. La Coordinadora en el frente legal recoge los frutos de diez años de labor jurídica al declararse la obra desde la Audiencia Nacional española como ilegal (aun cuando el recurso contra esta sentencia y la astronómica fianza que se exige para realizar la paralización preventiva mientras ésta no sea firme permite la continuación de las obras).

Será en abril de 1996, coincidiendo con el espacio de resistencia creado en el pueblo de Itoiz durante las vacaciones de primavera, cuando este colectivo consiga su objetivo de paralizar las obras (durante casi un año) al serrar ocho miembros del mismo aquellos cables que permitían la distribución de hormigón en una toma relámpago de las instalaciones. Siguiendo con el proceder habitual del grupo, tras el corte los integrantes del colectivo no impiden su detención policial.

Este hecho, que utiliza para su éxito recursos propios de la denominada «baja violencia» (aquella que ejerce una pequeña presión simbólica o transitoria) provoca la eclosión de argumentos criminalizatorios y distanciamientos de diverso cuño bien provengan estos desde los agentes políticos detentadores del poder navarro, bien de otros grupos de los ambientes ecologistas.

Los políticos socialistas identifican decididamente a los autores del certero corte con los grupos que promovieron desde ambientes autónomos la oposición a la autovía y promueven contra ellos los mismos argumentos descalificatorios que ya habían practicado un lustro atrás. La derecha foralista prefiere englobar a este grupo en el bloque independentista vasco y carga sus tintas con cargas de fondo no sólo contra el grupo de Solidarios sino contra la Coordinadora y las instituciones de la zona.

La prensa «progresista» que había mostrado aquellas simpatías para con algunas de las acciones noviolentas, y que se había mostrado beligerante contra la nueva administración autonómica en manos de la derecha navarra, ha de argumentar las distancias que existen entre los «sinceros» ecologistas y quienes utilizan espuriamente el discurso conservacionista. A estas distancias que formula de inmediato la opinión mediática «progresista» se suman los grupos que posibilitan su existencia merced a su trato amable, entre los que destaca la condena del acto por parte de la sección española de Greenpeace, que utiliza los argumentos contra la «baja violencia» explicitados por los creadores de opinión socialista y que serán capitales en la condena judicial futura contra los detenidos.

Pero los propios Solidarios con Itoiz no podían prever la magnitud de su acción tanto en su efectividad como en las consecuencias políticas que desataría y que se constituiría en el argot noviolento en un «punto de no retorno» del conflicto. La argumentación de la misma se basaba en el estado de ilegalidad de la obra, cuya paralización era no sólo un mandato ético ecologista sino un hecho de ejercicio popular de derecho. Por su lado la Coordinadora, que vivía la intensificación del conflicto desde la irrupción de este grupo en clave de injerencia foránea y de distorsión de su apuesta estratégica, se vio desbordada por los acontecimientos que habían situado la oposición al pantano en similares términos de conflictos anteriores.

Sin embargo, y pese a los temores velados de la Coordinadora, este corte de cables que posibilitó la paralización de las obras hasta febrero de 1997, consiguió un nuevo repunte de la movilización popular que llegó a duplicar sus cifras iniciales (hasta 20.000 manifestantes). A la par las energías y recursos depositados durante lustros por la Coordinadora en las garantías de la protección medioambiental de la zona fueron progresivamente desgastadas ante sucesivas recalificaciones jurídicas de las administraciones navarra y española y ante la indiferencia de la Unión Europea. En pleno pulso tras la reanudación de las obras el Congreso español declara el pantano y su canal como obras de interés general. El camino garantista había sido derrotado por el entramado político jurídico que debía en teoría presevarlo.

Para Solidarios con Itoiz, las consecuencias judiciales de la táctica noviolenta de entrega, acrecentada por el clima de criminalización político desatado, comenzaron a pasar factura a un colectivo que mantenía ya a los ocho del corte en prisión preventiva. En octubre del 96 es encarcelado un joven del grupo habitante de la colindante población de Aoiz. Será el comienzo de un nuevo tono tanto policial-judicial como mediático que se mostrará a partir de entonces indiferente ante las acciones de este grupo, cuya intensidad militante no cejará hasta el final de década.

No obstante, este final (progresivo y esperado tras la acción de abril) del trato de simpatía informativa y el comienzo de la severidad policial y judicial provocó un acercamiento antirrepresivo al entorno de Solidarios, surgiendo un ambiente que fue conocido como «solidarios con los Solidarios». La dilatada estancia en prisión preventiva de los ocho del corte, junto con la inminencia del juicio para esta y otras acciones, provocó la difusión más allá de las tierras vascas y de la escena antidesarrollista de los argumentos contra el pantano y de las tácticas noviolentas desarrolladas por el grupo. La condena de cuatro años y diez meses para los autores materiales del corte, casi dos años después del mismo, junto con los recursos que dilatan la demandada entrada en prisión, suman más de tres años en los que la conciencia antirrepresiva va tomando posiciones junto con la antiprogresista.

Este ambiente tuvo que crear su propio espacio político frente a una creciente lucha callejera que utilizaba las acciones nocturnas en el marco de una estrategia general de enfrentamiento abertzale, que generó severas contrapartidas judiciales, y frente a unas acciones noviolentas de corte espectacular provenientes de un movimiento antimilitarista que tras cerrar el ciclo masivo de la insumisión recurría con éxito a estas parodias simbólicas atrapándose cada vez más en el débito que demanda el espejo mediático.

En este contexto debemos contemplar que incluso acciones de similar calado al corte del 96, como fue la inutilización de la totalidad de la maquinaria de la carretera Aoiz-Nagore en septiembre de 98, que provoca un nuevo parón de las obras durante seis meses (el anterior fue de nueve), son ninguneadas por la denominada prensa «progresista», que prefiere tratarlas bajo los códigos mediáticos de la lucha callejera. Similar suerte correrían en los medios españoles las acciones de denuncia en edificios representativos europeos (que podrían a la perfección enmarcarse en el tipo de acciones que son privilegiadas por los media tras la nueva tregua y paralelo proceso político del 98) que durante el año 2000 realiza el grupo (que mantiene en situación de prófugos a los ocho solidarios detenidos durante el corte) y que pretendía con las mismas internacionalizar la repulsa a la presa y a la condena a sus miembros y recoger las simpatías de los militantes ecologistas europeos.

Si las espectaculares acciones de la «Gira europea», que se prolonga durante diez meses y que alterna acciones simbólicas junto con charlas divulgativas, no recaban el eco mediático que podría esperarse de su envergadura, a pesar de ello, fruto de esta labor de denuncia y difusión surgirán las nuevas acampadas en la zona en 2000 y 2001, con creciente presencia de contingente internacional, quienes asumirán en febrero de 2001 la inutilización para su tala de cien mil árboles radicados en zonas inundables mediante la táctica de la introducción de clavos en sus troncos.

La expansión de los ambientes antidesarrollistas alrededor del grupo de Solidarios mediante la conciencia antirrepresiva y el conocimiento de la zona por acampadas u otras protestas o de los opositores mediante aquellas giras, posibilitó entonces las ulteriores resistencias y convivencias de pobladores y solidarios en los pueblos inundables durante el siguiente largo año entre los veranos del 2002 y 2003.

Beneficiados por el clima de oposición social, sobre todo en tierras aragonesas, contra el trasvase del río Ebro, argumento significativo para la derecha navarra en el propósito de construcción de aquel pantano, las actividades se reanudaban a pesar del fuerte coste represivo para aquel exiguo grupo. No obstante, el último año de mandato del gobierno español de derecha, con la prepotencia que le caracterizaría y que acabó precisamente provocando su derrota electoral, da el último de los impulsos judiciales a la obra consintiéndose en junio del 2002 la posibilidad de llenado total del pantano.

Es el comienzo de una resistencia que tuvo una especial intensidad en el periodo estival de 2003. Decenas de jóvenes se desplazaron a la zona y se instalaron en los diferentes pueblos ya semiabandonados en el vaso del pantano. Itoiz, Artozki, nombres que acabarían tatuados en la memoria de lucha de quienes protagonizaron encierros, manifestaciones, y una intensa convivencia en aquellos momentos de incertidumbre pero también de creatividad. Si algunas jornadas son especialmente intensas y contribuyen decisivamente a acumular enseñanzas que sólo serían alcanzables en largos periodos de enfrentamiento, así podrían definirse los tres días de Itoiz o la veintena de Artozki. Atrincherados en el interior de las casas pero celebrando una innumerable serie de iniciativas de difusión que posibilitaron la ampliación progresiva del núcleo de resistentes, la propia crudeza de los desalojos pero la enorme potencia solidaria de la autorganización convirtió Artozki en un aglutinante decisivo.

Así, la comunidad antidesarrollista, amplificada por la conciencia antirrepresiva y la llamada internacional a los iguales, cuajó en una intensa resistencia, que si bien no impidió el derribo de aquellos pueblos y el posterior llenado del pantano, sí posibilitó una marca indeleble y de no retorno en todas aquellas personas y colectivos que se implicaron en aquel proceso movilizatorio.

 

Emergencia y consolidación de la lucha contra el TAV

A comienzos de los años noventa y como consecuencia de los propósitos modernizadores que habían sido asumidos por instancias gubernamentales con el propósito de incorporarse a pleno rendimiento en el espacio político (pero también económico) europeo se acometían numerosos proyectos infraestructurales en el pequeño solar vasco. Gran parte de ellos tenían como objetivo mejorar la conectividad, término que comenzaba a cobrar por entonces el significado estratégico de aquel proyecto de reordenación capitalista que después sería conocido como globalización. Se comenzaban así a acometer las remodelaciones metropolitanas y a la par se adecuaban las conexiones entre las urbes vascas y los ejes económicos europeos tanto por carretera como por acceso marítimo. Se iniciaba una nueva era que basaba su ordenación interna en las regiones económicas, espacios administrativos que no coincidían necesariamente con los perímetros de los estados-nación, sino que se basaban ahora en metrópolis y sus correspondientes hinterlands, en grandes ciudades y sus zonas de expansión e influencia y que competían entre sí por atraer recursos institucionales comunitarios europeos y por albergar inversiones trasnacionales.

Las reducidas dimensiones del país de los vascos permitían a sus gestores concebir el territorio como si de una de estas nuevas unidades se tratara y comenzaron por doquier las obras que pretendían realizar nuevas circunvalaciones, remozar antiguas conexiones y contemplar nuevos y ambiciosos proyectos.

En esta senda modernizadora, años atrás, los diversos lobbies empresariales que «dinamizaban» la Unión Europea habían apostado por la generalización de las líneas de alta velocidad (que hasta entonces tenían una extensión anecdótica y circunscrita a regiones muy concretas) como apuesta para fortalecer el espacio económico interno cuya articulación se apoyaría también en el rápido flujo de gestores y mercancías por estos nuevos caminos de hierro.

1992, el año en el que una vez más la celebración de una Exposición Universal vehiculaba la celebración de un proyecto de modernización capitalista, se convirtió también en la fecha escogida para la inauguración de la primera línea de alta velocidad ferroviaria, entre la sede de la Exposición y la capital política española, compromiso adquirido por los gobernantes españoles inmediatamente tras el ingreso formal de su estado en la llamada Comunidad Económica Europea. En paralelo comenzaban los planes de extensión de este tipo de transporte a otros territorios, pretensión por la que competían las diferentes administraciones locales y regionales entre ellas las administraciones autonómicas vascongada y navarra, que proyectaban adherirse a alguno de los ejes europeos por los que fluían mercancías y capitales. Desde esta perspectiva, desde finales de los años ochenta habían tenido lugar diversas reuniones entre Cámaras de Comercio y otros agentes sociales para constituir un grupo de presión que potenciara el llamado «Eje Atlántico», que pretendía convertirse en un corredor entre París, Lisboa y Madrid, discurriendo entre la metrópolis bordelesa y los territorios vascos, entrando en competencia directa con los flujos que se deslizaban desde centroeuropa por la vía mediterránea hacia aquellos similares y preciados destinos .

De este modo, las líneas de alta velocidad se fueron convirtiendo en un elemento estratégico en el diseño del capitalismo asistido vasco, a la par que los desmanes que el propio modelo de transporte exigía se visualizaban ya en las obras que se desarrollaban para posibilitar el trazado Madrid-Sevilla. En función de lo expuesto a comienzos de década se realizaba el trenzado entre algunas familias ecologistas y los análisis de marcado corte anticapitalista.

 

Oportunidades políticas y tecnologías de consenso

Mientras el pacto entre Lurraldea y la Diputación de Gipuzkoa desmovilizaba los activos que se habían sumado en aquella intensa lucha contra la autovía, por el contrario se desarrollaban al calor de aquella cultura movilizatoria antidesarrollista nuevos focos de conflicto de tinte local. Oposiciones incipientes contra nuevos proyectos infraestructurales en curso, como la autopista Malzaga-Urbina, la ampliación del Superpuerto en el Abra vizcaína, así como contra las conurbaciones de Donostia y en un sinfín de frentes abiertos por aquellos pequeños grupos locales que habían adquirido en la lucha pretérita una preclara conciencia sobre los verdaderos costes del pretendido progreso. Así, la necesidad de realizar una crítica de los desmanes ecológicos pero que fuera indisociable de una desafección manifiesta para con el modelo de sociedad a la que respondían era una de las conclusiones que las luchas pretéritas habían aportado, pero también se admitía como síntesis el abandono de la política de generación de alternativas plausibles, cuestión que se contemplaba como la causa principal que había desvirtuado los réditos movilizatorios de la pretérita oposición antiautovía.

Entre todas aquellas luchas emergentes se encontraban algunas cuyo desarrollo tenía como origen los territorios norteños vascos bajo administración francesa y que posibilitaban articular una oposición antidesarrollista a nivel nacional vasco. Por un lado se encontraba el proyecto de cruzar los territorios vascos con un gaseoducto que conduciría el gas argelino hasta las ciudades españolas atravesando los mismos. La oposición local enfocaba claramente el conflicto no sólo desde los parámetros conservacionistas, sino que argumentaba que semejante proyecto daba pie a cuestionar los cimientos energéticos de la sociedad industrial, realizándose una crítica que además de cuestionar la dependencia energética podía convertir el gaseoducto en una metáfora visible del nuevo proyecto de modelo capitalista en ciernes, en el que conectividad suponía necesariamente pérdida de autonomía para las poblaciones. Por otro, la posible extensión de la línea de alta velocidad francesa hasta la frontera española había movilizado a diferentes asociaciones del departamento galo en el que se incluían las provincias vascas, poniendo de nuevo sobre la mesa la pertinencia de un debate sobre el TGV, y actualizando aquellas pretensiones de los gestores vascos de liderar la petición de una red ferroviaria de tan dañinas características. Este proyecto, de realizarse, alcanzaría todos los territorios vascos e incidiría además en el trabajado eje del transporte, añadiéndose además a la crítica ya ensayada en el conflicto de Leizaran de que su pertinencia no se basaba en las necesidades de las poblaciones locales, que además tan sólo acarrearían con los abundantes efectos nocivos de su existencia.

Respecto a la desafección antidesarrollista para con la elaboración de alternativas con las que el ecologismo vasco quería vestir su oposición con los trajes de la realpolitik, durante aquellos años la nueva propuesta capitalista había complejizado sus formas de actuación potenciando novedosos modos de integración sistémica de los desacuerdos ambientales. Dentro de una política de gestión de costos, entre los que se incluían los costos del rechazo social, se ensayaron por entonces dos tácticas que incidían en la necesidad de generar un consenso previo a la construcción de las infraestructuras. De un lado se contaba con el modelo impulsado desde las instancias que vehiculaban la remodelación de la metrópoli bilbaina, que basaban su actuación en la integración de los impulsos regenerativos de una urbe demolida por la desindustrialización. Comienzan a aparecer así sociedades mixtas que integran en su seno no sólo a la clase política sino que acogen a la diversidad de agentes sociales que integran la intelligentsia sistémica de la provincia, proyectando un clima en el que el saneamiento del tejido urbano es proyectado en clave de terciarización económica, cimentada en el llamado «patriotismo de ciudad» tan característico del capitalismo asistido, y que se apoya aquí en el también proverbial orgullo provinciano. De otro, para paliar posibles nuevas oposiciones se ensayan los Núcleos de Intervención Participativa, una dinámica de sociología política que pretende trasladar a las instituciones pertinentes los desacuerdos ciudadanos para con proyectos gubernamentales mediante reuniones grupales dirigidas por técnicos, a la manera de las clásicos grupos de discusión habitualmente utilizados para las encuestas de consumo. Como hemos dicho este método, que fue alabado en su día por el ecologismo más profesionalizado, tuvo que ser pronto desechado por la propia administración dinámica general, incapaz siquiera de absorber las conclusiones de quienes habían participado en esta dinámica pionera de los NIP alrededor de la construcción de la autopista Malzaga-Urbina.

 

Del magma al proyecto

Aun cuando la Asamblea AntiTAV utilice como fecha fundacional la de abril del 93, lo cierto es que el magma desde donde surge aún no había fraguado completamente en esa dirección. Al hilo de las oportunidades políticas anteriormente enumeradas, aún entonces se le confería mayor marchamo a la identidad de «Grupos Antiautovía» que había sido utilizada con profusión en el periodo de pulso contra la opción Lurraldea el anterior año. De hecho, las primeras aportaciones de la miríada de grupos que cristalizarían en dicho organismo se referían al conjunto de agresivas infraestructuras y otros planes terciarizantes sin decantarse por una nocividad que ejerciera de centralidad aglutinante; al contrario, se pretende visualizar que las agresiones de la pretensión modernizante eran múltiples y presentes en todos los territorios y ámbitos, quizá como respuesta a la pretendida enseñanza de los propagandistas de Lurraldea, que aspiraba a mostrar que el cambio de trazado era el colofón para con aquella lucha. Tan pírrica victoria era contrastada entonces con la multiplicidad de agresiones que estaban proliferando y que sólo podían ser combatidas desde una opción genuinamente antidesarrollista y que trascendiera los localismos.

La apuesta por desarrollar una oposición contra el TAV contaba sobre el resto de opciones y oportunidades con la característica de que éste se encontraba aun en fase de proyecto y esto permitía construir de poco en poco una oposición consciente y que por tanto, no cayera de inmediato en la fase de enfrentamiento que siempre dispara las opciones y multiplica los caminos cuando finalemente un mal día comienzan a ejecutarse las obras en cuestión. De este modo y en el año 94, aquel magma comienza el proceso de organización y definición interna que culminaría en el organismo que ha protagonizado la oposición popular contra el Tren de Alta Velocidad en casi soledad durante más de una década.

Si los grupos antiautovía se nutrían de aquella explosión creativa y reivindicativa de la segunda mitad de la década de los ochenta, en la que los militantes antinucleares y de otras expresiones del movimiento popular pretérito aportaban la experiencia organizativa, son los veteranos antiautovía quienes aportan ahora la visión y propuesta estratégica al incipiente grupo de oposición. Las personas que integran este magma (además de los ya curtidos e identificados entonces como antidesarrollistas) provienen no sólo de las luchas que aun se mantienen vigorosas del anterior periodo, como son las okupaciones de viviendas urbanas y rurales, sino que el nuevo ente recoge también multitud de gentes de los grupos antimilitaristas que habían protagonizado la campaña de insumisión contra el servicio militar obligatorio, sobre todo de aquellos grupos y ambientes que se habían distanciado de la táctica de desobediencia civil que había confinado al movimiento a una fase donde las entregas voluntarias redundaban en encarcelamientos sin que esta gravosa dinámica movilizatoria supusiera al menos el mismo coste político a la institución militar que el daño personal que los ingresos penitenciarios voluntarios suponían. Aquel ambiente mayormente juvenil donde se sumaban orígenes diversos pero de clara orientación autónoma y anticapitalista se dotaría de objetivos propios como grupo antidesarrollista durante una asamblea organizativa realizada en Oiartzun, en una de las ocupaciones rurales con solera y ya por entonces tradicional lugar de encuentro, reflexión y fiesta.

Mientras continúan los pequeños eventos que caracterizarían la actuación futura de este organismo (como eran las marchas montañeras, las charlas explicativas y las concentraciones ante instituciones) es durante la vuelta de aquel verano cuando se lance el manifiesto fundacional de la Asamblea que pivotará sobre los elementos que desde aquellos inicios les caracterízarían. El «Llamamiento por un movimiento colectivo y asambleario contra el TAV» se presentará con tres indisolubles pilares: la crítica ecológica al demoledor proyecto de trazado, el propósito político y por consiguiente el modelo social del que surgen este tipo de infraestructuras, y la necesidad poner en pie un movimiento social que se oponga a ambos fenómenos desde instancias de democracia directa interna y con el fin único de la paralización innegociable del citado proyecto como exponente concreto del afán modernizador capitalista. Los medios que se proponen para afrontar tamaño reto vuelven a recaer sobre la autoorganización de los opositores y la sensibilización del conjunto social.

Tras la difusión del manifiesto, y un año después de la citada asamblea organizativa se realizan las jornadas de reflexión en Arrasate, que se constituirían como el primer envite de la ya consolidada Asamblea al resto de la izquierda y de los grupos ecologistas a tomar en serio la amenaza del TAV. Durante aquellas jornadas la Asamblea AntiTAV destapará ante invitados y simpatizantes su proyecto anticapitalista, en el que la confianza en la autonomía de los movimientos y en la irreductibilidad de los fines autoimpuestos contrasta con un entorno ecologista que se decanta ya por la política del mal menor y por la profesionalización de sus miembros. La inmodestia de aquel colectivo había podido romper así el atronador silencio con el que había pasado de rondón la aprobación ministerial del Plan Director de Infraestructuras en marzo de 1994 y que asignaba ya partidas concretas para el desarrollo de los trazados vascongado y navarro.

 

Apuestas cohesionadoras

Sin embargo, una de las propuestas que dotó de mayor estabilidad a este organismo fue la organización de una acampada durante aproximadamente una quincena en periodo estival. Las bases del proyecto coincidían plenamente con la acampada antiautovía de Uitzi: que esta acampada se realizara en el término municipal de una localidad por la que discurriera el proyectado trazado del TAV y que la misma tuviera el apoyo de su concejo, que los grupos locales o de localidades vecinas asumieran las labores organizativas de esa edición y que la acampada tuviera un carácter rotatorio anual por los diferentes territorios vascos. Asimismo aquella cita anual tendría como fin aglutinar a los opositores de la Asamblea, pero también acercar la amenaza ferroviaria a la población local. Las actividades allí presentes se centrarían en dar a conocer las afecciones que procuraría el Tren de Alta Velocidad para con la zona, pero debía ser también momento de conocer otras agresiones que tuvieran por objeto aquellas localidades, y simultáneamente ser un escaparate de las resistencias que en otros ámbitos y lugares se estaban desarrollando al calor de los distintas iniciativas modernizadoras desarrollistas.

La fórmula, que cuajó de inmediato tras la primera convocatoria en los aledaños tolosarras en el pueblo de Anoeta en el verano de 1996, se constituiría en el principal acto de aquella fase de difusión de la crítica y práctica antidesarrollista. Enhebrando las virtudes de la convivencia y los actos reivindicativos en la creación efímera de una comunidad igualitaria, esta Zona Temporalmente Autónoma fue crucial para la difusión de la propuesta asamblearia y para la estabilización de los grupos agregados inicialmente.

En una época política que pronto se caracterizaría por la política frentista entre nacionalistas españoles y vascos, que daría paso a la creación de un frente nacional vasco donde se incluían acérrimos impulsores de los proyectos desarrollistas y la oposición política conocida como izquierda abertzale, este grupo de oposición realizaría la travesía del desierto acompañado de multitud de náufragos que aun pretendían enarbolar la aspiración de un movimiento popular anticapitalista. Continuando con sus labores de denuncia ante los eventos propagandísticos que anunciaban nuevos pasos para esta infraestructura, protagonizando pequeñas concentraciones ante los mismos, así como continuando con las labores de sensibilización mayormente focalizadas en los ambientes militantes juveniles e insistiendo en las marchas montañeras, la labor numantina de estos grupos contrastaba con un ambiente político en el que el pacto de aquel frente nacional (conocido como el de Lizarra) auguraba paz social y convertía a una desobediencia civil descafeinada, radicada en la acción mediática característica antes de los grupos conservacionistas internacionales, en el lenguaje de oposición políticamente correcto. Sin embargo, en las jornadas de reflexión pública que se alternaban con aquellas acampadas, la práctica de una oposición también violenta contra los proyectos desarrollistasmantenía su lugar entre la diversidad de temas y propuestas, sin que su presencia fuera mayormente celebrada o denostada. Como ejemplo, la posteriormente exitosa experiencia de oposición en el valle de Susa, en los Alpes italianos, que por entonces se encontraba en una fase de enfrentamiento ejemplar con altos costes represivos mantenía su presencia en aquellas citas formativas. De igual modo, durante aquellas acampadas, se practicaban al modo de la pionera de Uitzi, marchas a proyectos desarrollistas que compaginaban el conocimiento del terreno con la acción directa. En el año 99, la realizada en la Sakana navarra, en concreto en Uharte Arakil, terminó con problemas policiales y judiciales para los rezagados de una de aquellas marchas, en el curso de la cual tras constatarse los efectos nocivos de los emergentes por entonces molinos de viento, se derivó en múltiples destrozos contra la maquinaria subcontratada y en tensos enfrentamientos con el personal al cargo de la misma.

 

De la soledad a la difuminación

Así todo, la cultura movilizatoria se mantenía férrea en la defensa de la construcción de un movimiento popular asambleario y anticapitalista, mientras que la vorágine política se encaminaba en dirección opuesta, hacia el pacto entre nacionalistas que en virtud de este aparcaban diferencias en una senda que pasaba por la construcción de instituciones paralelas vascas y que denostaba la violencia política, afán refrendado por una nueva tregua unilateral de la organización ETA.

Entre el ideario que manejaban los distintos grupos locales, las diferentes Asambleas Anti-TAV, se partía de un fundacional anticapitalismo que analizaba sin contemplaciones los propósitos modernizadores y sus consecuencias ambientales y sociales que pronto se trufaría con una visión de mayor corte espiritual, en el que la hipótesis Gaia se amasaba con elementos autóctonos de pretendido origen ancestral, de tal modo que la rebautizada AmaLurra, la madre tierra, albergaba no sólo la idea de que el globo terráqueo era un organismo vivo, sino que pretendía recoger también elementos animistas vascos recreados muy discutibles, pero que daban una incuestionada consistencia a la comunidad antidesarrollista. Y a fines de los años noventa, arriban también a estos grupos tanto las críticas antiindustriales provenientes de las escuelas postsituacionistas francesas (que tardíamente traducidas aportan la visión de que la crítica de la tecnología debe constituirse como labor central de la lucha contra la dominación) así como a través de los disturbios de Eugene se publicitan las tesis primitivistas norteamericanas que abjuran de la civilización occidental, complejizándose de este modo las referencias nativas y enriqueciéndose tanto el debate como los extravíos internos.

Aparcadas con la entrada de milenio las esperanzas pactistas en los entornos vascos, rotas de nuevo las negociaciones políticas que hubieran posibilitado la integración normativa del bloque hegemónico opositor abertzale, en un ambiente en el que comienzan a hacerse efectivos los cercenamientos de libertades formales que el gobierno derechista español puso inmediatamente en funcionamiento (como fueron el comienzo de las ilegalizaciones de formaciones políticas y sociales en 2000) y en un ambiente de clara involución política internacional, en 2001 se aprueba definitivamente el proyecto de la extensión de las líneas de Alta Velocidad al País Vasco conocida como «Y vasca».

Este hecho, junto con las afinidades que los ambientes activistas habían procurado entre anticapitalistas asamblearios y las nuevas propuestas antiglobalizadoras surgidas en la eclosión de final de milenio, propicia el salto a una primera plataforma conocida como AHT Gelditu Elkarlana, que podría ser traducida al castellano viejo como «mutua por la paralización del TAV». Esta plataforma liderada en sus inicios por la Asamblea Anti-TAV y el sindicato agrario vasco EHNE (adherido posteriormente a Vía Campesina) e integrada formalmente por diversos sindicatos, partidos y organismos ecologistas, irá tomando progresivamente un papel central en la edificación de un movimiento social contra el TAV.

Con la cláusula blindada impuesta por los sectores antidesarrollistas intransigentes agrupados en la Asamblea antiTAV de que uno de sus propósitos fundacionales ha de ser el de articular la oposición y en ningún modo la elaboración de alternativas o la consecución de pactos minimizadores, esta coordinación de carácter nacional vasco nace en marzo de 2001 compartiendo las bases y tácticas aquel movimiento pionero, añadiendo a sus labores la articulación de una oposición municipal institucional y una mayor labor de oposición recursiva.

Esta afinidad en los planteamientos entre Asamblea Anti-TAV y la nueva coordinación (afinidad mimada por sus propios impulsores para ahuyentar cualquier veleidad pactista) junto con la falta de consistencia de los grupos locales antidesarrollistas, tanto en su propia inestabilidad grupal como en la falta de sedimentación de un análisis propio durante aquella larga travesía movilizatoria en solitario, constituyen aún en la actualidad los principales escollos para la perpetuación de la comunidad antidesarrollista. Una comunidad política que sigue siendo imprescindible para ser espita de un movimiento social capaz de parar este denostado Tren del progreso.

 

Lecciones para un desafío

El seguimiento realizado sobre estos tres conflictos, emblemáticos no sólo para la lucha ecologista sino para el conjunto de las que les han sido contemporáneas, nos puede proporcionar importantes reflexiones.

El primero de ellos, finiquitado por las artes negociadoras de los pretendidos líderes de un movimiento social que comenzó hablando el lenguaje de la realpolitik para caer de bruces en ella, el conflicto de la Autovía de Leizaran, nos aporta precisamente como enseñanza la progresiva disociación entre un comité permanente que centra su actividad en abrir posibilidades de diálogo con las administraciones provinciales, y muere precisamente ofreciendo como éxito pequeñas modificaciones del trazado, que, sin cuestionar la pertinencia del mismo, aportan como logro la coparticipación en su diseño final.

Respecto a los usos de la violencia durante este corto pero intenso conflicto de lucha contra la construcción de la autovía Irurzun-Andoain nos queda como legado, por un lado, que el ejercicio de actividades de boicot y entorpecimiento público al amparo de una correlación de fuerzas favorable (el llamado ilegalismo de masas, que se dio efectivamente en el pueblo navarro de Lekunberri y aldeaños durante la persistencia de la Acampada permanente) en la zona es una práctica que proporciona un enorme potencial a la propia lucha tanto por su capacidad de tensionar al oponente como por su capacidad pedagógica. Por otro, la extensión de las actividades nocturnas cuando estas pasan de ser testimoniales a ocasionar un balance de cuentas negativo a las empresas adjudicatarias es determinante para que estas ejerzan iniciativas tan poco usuales como los plantes o la construcción de mejoras técnicas en clave conservacionista.

En este sentido, esta lucha nos deja como enseñanza que en el trapecio de la política más tradicional los pactos entre contrincantes, las salidas de tono (como el proporcionar un pacto en un contencioso tan simbólico como el de la Autovía en plena campaña de aislamiento de las fuerzas de izquierda abertzale) son plenamente posibles y no existe impedimento alguno desde la óptica institucional ni siquiera desde el lado de la exsitencia de una supuesta ética de mínimos democrática. Y desde la visión de la «oposición razonable» la cuestión de Estado y el sentido de la supuesta responsabilidad política es también siempre un factor que pesará de modo determinante para comulgar un día sí y otro también con objetivas ruedas de molino.

En resumen, la lucha contra la Autovía nos regaló aquella acampada permanente en Uitzi que durante seis meses fue escuela de radicalidad posibilitando el conocimiento mutuo de los opositores a esta y futuras infraestructuras. Además fué el amargo final de esta lucha el agravio originario también de la posterior comunidad antidesarrollista vasca, a la que vacunó ad futurum sobre los riesgos tanto del pactismo como del lenguaje técnico y político que se esmera en una credibilidad que le acerca progresivamente, como en un vulgar síndrome de Estocolmo, a los modos y maneras de sus oponentes.

El desarrollo de las oposiciones contra el polémico represamiento del río Irati, que hasta la fecha provoca los denunciados temblores telúricos y cuya inestabilidad es tan temida como anunciada por los habitantes de los pueblos colindantes a la presa, nos aporta también diferentes reflexiones acerca de los caminos escogidos por las distintas oposiciones y su gestión de los recursos movilizatorios en los conflictos ambientales.

El más obvio es que el camino rígidamente garantista recorrido ejemplarmente durante más de veinte años por la Coordinadora de Itoiz está abocado a un más que probable fracaso y en el caso que nos ocupa ejemplifica a las claras cómo el entramado legal garante es modificable según los intereses y vaivenes de los diferentes agentes políticos institucionales.

En cuanto al ejercicio de la violencia, el exquisito manual de acción directa noviolenta realizado por Solidarios con Itoiz ha chocado contra la práctica de la criminalización mediática y política, que hubiera sido ejercida de igual modo contra prácticas de violencia militante o armada. Como nos ejemplifica la acción conocida como «el corte de cables» de 96, la llamada desobediencia civil (como cualquier ejercicio movilizatorio) utiliza recursos de «baja violencia» que escapan a una proyección inmaculada inexistente y demandada por quienes establecen una línea de demarcación política entre opositores pacíficos y «violentos».

A esta imposibilidad de una acción no criminalizable, debemos añadir además que el camino de las acciones noviolentas y el propósito pedagógico de las mismas precisan de la complicidad mediática, y que si esta complicidad no se produce (como ocurrió en la recepción de la «gira europea»), sólo las acciones de bloqueo directo a las infraestructuras acaban siendo efectivas (acciones que se completan en sí mismas). Las acciones de denuncia entonces nos muestran que se recaba para su rentabilidad de la simpatía de una prensa, que se encuentra obviamente en débito perpetuo con grupos empresariales y sus corresponsalías políticas.

Por otro lado, las argumentaciones sobre el mandato ético de la paralización de una actividad ilegal (que fueron las utilizadas en el corte del 96) son extrañas a la comunidad antidesarrollista, que enlazó con la acción opositora por su vertiente contundente y posteriormente vía la conciencia antirrepresiva que aportó la campaña «solidarios con los Solidarios». Por el contrario, resistencias prolongadas como las realizadas en los pueblos de Itoiz o Artozki promueven hondas raíces, enseñanzas y complicidades que pueden resurgir en próximos e inevitables conflictos.

De nuevo y desde el lado movilizatorio, la oposición al pantano de Itoiz nos muestra que es la acción y los procesos de convivencia y aprendizaje durante la misma quienes van sedimentando una vez más esa emergente conciencia antidesarrollista.

Nuestro tercer conflicto tras el inicio de las obras tras el verano de 2006 ha comenzado su fase decisiva. Un inicio que demuestra la determinación gubernamental en realizar una obra que será (si finalmente se realiza) la que mayor impacto tenga de cuantos proyectos infraestructurales se han acometido en tierras vascas.

La pequeña comunidad antidesarrollista surgida al hilo de esta y otras luchas tiene ante sí un enorme reto. Aun cuando posee la determinación suficiente, la envergadura del propósito, tanto en la extensión del trazado de las líneas de Alta Velocidad como la posición estratégica de estas en el proyecto de modernización capitalista, supera con creces sus posibilidades de oposición.

Es por tanto el tiempo no sólo de las alianzas sino de la creación de un movimiento social con los tintes de heterogeneidad que requiere tal nombre. La alianza ha sido la creación de la red AHT Gelditu! Elkarlana, pero sus hipotéticos miembros hasta la fecha no dan la prioridad que sería requerible para edificar una oposición proporcional al reto que se autoimpone. Y el movimiento social sólo puede aparecer donde exista una comunidad de intereses, que por fuerza se presentará en las pequeñas y medianas localidades, donde el trazado es un perjuicio objetivo. Los núcleos de las capitales aportarán en todo caso las labores solidarias de los habituales movilizables, pero en ellas ya los destrozos no son perceptibles y son además las destinatarias de las escasas ventajas; tan sólo queda por tanto el apoyo de quienes se sienten de esa comunidad antidesarrollista o simpatizantes de cualquier otro grupo en alianza.

Como hemos dicho, las labores previas a las obras en sí avanzan en muchos territorios, con labores topográficas, expropiaciones, concursos y adjudicaciones. La comunidad antidesarrollista, alerta como ha estado durante esos diez años de numantina soledad, acude tanto a las movilizaciones como a los actos de boicot, desangrándose en multas y otras persecuciones, mientras que estas labores son rentabilizadas por el conjunto de la alianza, cuya mayoría de agentes miembros prosiguen con su gente acuartelada.

Esta cuestión, junto con el endurecimiento de la observancia judicial y policiaca para con elementos representativos de la comunidad antidesarrollista, está provocando internamente el cuestionamiento práctico de la alianza, mientras en paralelo se multiplican las acciones nocturnas que provocan a su vez en la Mutua tensiones internas.

Sin embargo, sólo la presencia inequívoca de la comunidad antidesarrollista en la alianza contra el tren de alta velocidad puede empujar al resto de grupos hacia una crítica integral del proyecto. Construir a partir de esta alianza un movimiento social tiene que ser entonces también labor de las gentes antiprogresistas. Así y para ello, habrá que desprenderse de determinados códigos internos, que pueden y deben resurgir en actividades de reafirmación y convivencia internalista, si se quiere llegar a extender una oposición tan amplia como magno es el objetivo. Pero también la comunidad antidesarrollista tendrá que economizar sus esfuerzos en las tareas de boicot, y otras, para no derrochar (pese a la urgencia del momento) su propia potencialidad movilizatoria.

Las enseñanzas de otros conflictos es de donde se puede y debe aprender; de los errores y aciertos en las relaciones entre grupo opositor, alianza, y movimiento social, entre el equilibrio y efectividad de las acciones nocturnas y las públicas, los manifiestos condicionantes de los vaivenes de la política formal y de los consiguientes pactos pacificadores, las influencias de las culturas movilizatorias y políticas contemporáneas, etc.

Y teniendo también en cuenta que son precisamente todas estas relaciones cambiantes las que han hecho surgir, moldeado y afianzado a la comunidad antidesarrollista vasca y que, por tanto, deben ser su norte en esta ardua pero apasionante liza que indefectiblemente nos transformará.

Jtxo Estebaranz

Los pulsos de la intransigencia. Lemoiz, Leizarán, Itoiz. Juantxo Estebaranz. Editorial Muturreko Buruzioak

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio