La contrarreforma ambiental del PP

Industria elimina las primas a las energías renovables Los intereses de las eléctricas se imponen en un Real Decreto que acarreará la destrucción de empleo en el sector de las energías limpias.

Más ladrillo: Fomento anuncia 3.500 kilómetros más de autovías. El Estado español se aleja con estas medidas de sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

EdificioComo un torrente. Dos periodistas de El País y Público ironizaban, la mañana del 1 de febrero, sobre la velocidad a la que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, explicaba cuál va a ser su programa al frente del Ministerio. Ese mismo día aparecían en su página web, con una edición también apresurada, las 66 propuestas que Arias Cañete va a tratar de desarrollar en su segunda etapa como ministro.

Las respuestas de los grupos ecologistas a la batería de propuestas de Miguel Arias Cañete han sido de franco rechazo. Así, Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España, describía la acción del Gobierno como un “desmantelamiento del Estado del bienestar medioambiental”. En Ecologistas en Acción se subraya que estas medidas profundizan las archisabidas políticas desarrollistas: más ladrillo, a través de la construcción de infraestructuras y la puesta en cuarentena de la Ley de Costas de 1988, y más contaminación, al priorizar la recuperación económica por encima del cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero asumidos en Kyoto. Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, califica de “contrarreforma” los planes del Gobierno. “La legislación en materia medioambiental en el Estado español es buena, el problema es que no se aplica, sin embargo esto es una vuelta dramática al pasado”, concluye Segura, quien comenta que no se esperaba estas medidas tras la primera toma de contacto con los grupos ecologistas del ministro Arias Cañete.

‘Knock out’ a las renovables

Entre las medidas expuestas brillan por su ausencia referencias a aspectos claves para entender la coyuntura de las políticas ambientales como el nuevo mapa que se dibuja después de que la Agencia Internacional de la Energía anunciase en 2010 que cuatro años antes se superó el llamado “pico del petróleo”. En febrero, este hidrocarburo alcanzó su precio máximo desde mayo de 2011 debido al anuncio del embargo comercial a Irán y el impacto en los países más desarrollados del invierno siberiano.

Al futuro inmediato de escasez de crudo se unió, tres días antes del anuncio de Arias Cañete, un duro golpe a las políticas para consolidar la llamada “soberanía energética”, que consiste en poner los instrumentos para que el Estado español no dependa de las importaciones de fuentes de energía, dado que éstas serán cada vez más costosas, y tienen un peso decisivo, por tanto, en el déficit comercial [Añadido a la edición digital: las compras de energía suponen el 86% del total del saldo negativo de la balanza comercial española, vía Expansión]. Ese golpe lo anunció el titular de Industria, José Manuel Soria, quien anunció el fin de las primas para nuevas explotaciones de energías renovables, verbalizado en el Real Decreto Ley 1/2012.

El objetivo del Gobierno, en palabras de Soria, es reducir el déficit de tarifa, un complicado concepto que establece la diferencia entre el monto total recaudado por las tarifas eléctricas fijadas por la Administración y el coste real de la energía una vez se han cuantificado los costes de adquisición, transporte, primas, etc. Explicado en otras palabras, la energía es más cara que el precio que la ciudadanía –no así la industria– paga por ella, lo que ha generado una deuda con las eléctricas de 21.000 millones. ¿Es responsabilidad de las energías renovables, como defendió Soria? Cristóbal J. Gallego, investigador del Observatorio Crítico de la Energía, opina que no, dado que el déficit tarifario puede compensarse de distintas formas. El Gobierno, según Gallego, ha optado por apuntalar el carácter financiero del muy opaco sector energético, para favorecer con ello a las grandes empresas eléctricas (principalmente Iberdrola, Endesa y Gas Natural) en detrimento del sector de las renovables, también controlado por grandes empresas, pero en el que también participan pequeñas explotaciones, sobre todo en el caso de la energía fotovoltaica solar. Desde este Observatorio se insta a la ciudadanía a que reclame una auditoría del déficit de tarifa para establecer qué parte de esa deuda responde a decisiones “que no se han consultado ni aclarado a la ciudadanía”.

Las primas a las renovables se introdujeron en 1997 con el objetivo de incrementar el peso en el mix energético de aquellas fuentes que se obtienen de recursos naturales abundantes o inagotables y no produce residuos contaminantes, como pueden ser la eólica, la solar, o la hidroeléctrica. El objetivo de estas ayudas era que las energías limpias alcanzasen una madurez tecnológica suficiente para que su coste de generación se equiparase paulatinamente con el de las energías denominadas “sucias” por la generación de residuos que conllevan (carbón, petróleo, centrales de ciclo combinado o la energía nuclear). Ese objetivo de reducir los costes de las energías renovables se ha logrado, especialmente en la generación eólica, apunta Ladislao Martínez, de Attac, quien cree que el parón anunciado por el Gobierno repercutirá en una pérdida de tejido industrial en un sector que actualmente da empleo a 120.000 personas y que hasta 2020 iba a crear otros 180.000 empleos, según el Plan de Energías Renovables. Para Cristóbal Gallego, la medida “supone lanzar la señal de que nuestro desarrollo industrial y líneas de investigación no van a ir por ese camino”. Gallego recalca que el español es un Estado puntero en el desarrollo de esta energía, por eso no se explica este paso atrás del Gobierno, que contrasta con la apuesta de actores económicos como Alemania o India, que recientemente han presentado sendos planes de aprovechamiento de las energías renovables.

Cambios en lo climático

Marta Victoria, del Observatorio Crítico de la Energía, establece una relación directa entre el Real Decreto 1/2012 y los planes de disminución de emisiones de CO2 , el principal carburante en las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, y pone como ejemplo el último informe de Red Eléctrica de España, que muestra cómo la recuperación de primas al carbón autóctono ha incrementado considerablemente las emisiones de dióxido de carbono, “alejándonos de la senda de recuperación en la que nos encontrábamos gracias a las renovables”, apunta Marta Victoria.

Como ya sucedió en la anterior legislatura, el peso de las acciones respecto al calentamiento global recae en el Ministerio de Industria y en el de Fomento, que marcan el paso a Medio Ambiente. El 9 de febrero era Ana Pastor, titular de Fomento, quien anunciaba un nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda que parece hecho a medida de los automóviles: en los próximos 12 años se construirán más de 3.500 km de vías de alta capacidad –autovías– sufragadas con 18.668 millones de euros. Otros 25.000 millones se destinarán a líneas ferroviarias de Alta Velocidad. El fin de las primas a las renovables y la apuesta por las grandes infraestructuras se ven reflejados en el punto 53 del documento presentado por el Ministerio, que abre el apartado sobre cambio climático y anuncia una nueva estrategia “adecuada a las actuales circunstancias económicas, que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”. Las negociaciones internacionales para establecer un acuerdo vinculante que sustituya al protocolo de Kyoto sobre cambio climático tienen como objetivo reducir las emisiones de gases –principalmente CO2– para disminuir dos grados la temperatura global del planeta en 2050. Esto obligará al Estado español a comprometerse, antes de 2013, a plantear una reducción de emisiones de cara a 2020 con respecto a 1990, el año de referencia establecido en Kyoto. Daniel Carralero, miembro del Observatorio Crítico de la Energía, cree que es un error supeditar la reacción contra el calentamiento global a la recuperación de la crisis financiera: “Luchar contra el cambio climático requiere tener una conciencia clara del problema, de sus consecuencias y mantener políticas coordinadas globalmente de forma decidida durante largo tiempo”. Esta visión se completa con el diagnóstico de Pablo Cotarelo, del área de clima de Ecologistas en Acción, que explica que la sociedad tiene un grave problema “si la creación de empleo y el ‘bienestar’ social siguen dependiendo del crecimiento de las emisiones”.

Calidad del aire y residuos

En la misma comparecencia, el ministro anunció que se revisarán las normativas sobre calidad del aire “para hacerla realista”. Esto, en cualquier caso, debe atenerse a los límites de contaminación marcados por la UE, sistemáticamente incumplidos en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. Asimismo, se anuncia una actualización del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, un marco legislativo que según Alodia Pérez, del área de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra, depende en su ejecución de comunidades y municipios y que, sorpresa, está siendo objeto de los recortes presupuestarios. En este caso, dice Pérez, hay que considerar las diferencias entre comunidades, así “la gestión en Catalunya es buena, mientras que Madrid está por debajo de la media”.

Evaluación ambiental

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se estrenó el 22 de diciembre pasado reconociendo que no tenía ni idea de medio ambiente. Será por eso que entre las 66 medidas presentadas por su ministerio anuncia “simplificar los trámites ambientales” en referencia a los estudios de impacto ambiental necesarios para llevar a cabo cualquier obra pública o privada. Arias Cañete dijo: “Se trata de eliminar burocracia ambiental”. Según ha declarado a DIAGONAL un urbanista experto en Estudios de Impacto Ambiental de Ecologistas en Acción: “El objetivo de Arias Cañete es eliminar cualquier traba para hacer obras. Pero, por mucho que quiera suprimir, tendrá como límite las leyes comunitarias. Si él trasgrede las directivas comunitarias serán los tribunales los que le pongan en su sitio”, apunta. Ecologistas recuerda que el recorrido en normativas ambientales de EE UU y Europa cuenta con más de 50 años de historia legal. “Se trata de, a través de un procedimiento ambiental, comprobar si el proyecto es compatible o no con el entorno. Si no lo es, hay que descartar la obra”, aclaran.

Pablo Elorduy
http://www.diagonalperiodico.net/La-contrarreforma-ambiental-del-PP.html
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