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El cierre de la compañía aérea Spanair es un reflejo más de como la especulación económica privada de la patronal prepondera sobre las necesidades sociales en el marco político que vivimos. La avaricia, personificada en estos "emprendedores" de la pax empresarial que rebajan irónicamente su sueldo a la mitad (de 600.000€ a 300.000€ anuales en el caso de su cabeza, Ferran Soriano, para asegurarse que podían cepillarse un último sueldo desproporcionado).

En este caso deja a 2.604 empleados directamente en la calle, además de un número por determinar de despidos causados de modo indirecto (en Newco, más de 1.000, un 70 % de la plantilla, Airservis, Newrest, WFS y otras) e incluso el cierre de alguna empresa debido al impago por parte de una compañía gestionada por directivos con sueldos de este calibre.

Cuando Ieasa (Fira de Barcelona, Cimalsa, Avançsa, Catalana d'Iniciatives, 52.6%; Volcat 2009, 20.8%, Consorcio de Turismo de Barcelona, 15%) constituidas por tan eminentes corporaciones de la patronal catalana y la Generalitat como la Fira de Barcelona y otros inversores privados compraron a Scandinavian Airlines (SAS) sus acciones con la excepción de un 11.6% por 1€, se convirtieron en accionistas mayoritarios y a todos los efectos dueños de Spanair. Esta inversión se hizo con la intención de dinamizar las comunicaciones de Barcelona, un objetivo logrado con un 23% del tráfico en España. Con la compra se establecía la asunción de la deuda con SAS por parte de los nuevos inversores. Por tanto, cabe afirmar que el sector hotelero y las grandes empresas de Cataluña, integrantes de las sociedades constituyentes de Ieasa, se han beneficiado efectivamente de la actividad de Spanair, sin asumir sin embargo los gastos, que ya conocían en la compra, es decir, la enorme deuda con SAS. Esta negligencia especulativa es la que fuerza a la Generalitat, que debe favores, a conceder avales y créditos a Spanair. El poder patronal maneja a su antojo a los políticos y el dinero de todos, especulando con la intención de quebrar una compañía, dejando en la precariedad los servicios públicos de carácter social, y, por ende, despidiendo a los trabajadores, condenándoles a FOGASA, a los 20 días por año trabajado, y pretendiendo no tener estas empresas, integradas en Ieasa, ninguna responsabilidad sobre las indemnizaciones a los empleados. La negociación entre empresa y plantilla ha de englobar al conjunto de la misma. Se está intentando organizar un petit comité que no ponga trabas al consejo de administración en la rápida disolución de la sociedad. No quieren que el asunto esté a juicio de la opinión pública más tiempo, hay que echar tierra sobre todo nexo de responsabilidad política y sobre la nefasta gestión económica. Escudándose en el pronto auxilio a los trabajadores, que han sacrificado durante estos años sus condiciones e incluso han tenido que trasladarse para conservar su puesto de trabajo, ante la ironía de Ferran Soriano, que afirmaba que quien no lo hacía es que tenía la voluntad de perderlo. Ya vemos que no duda en trasladarse al norte, al Reino Unido, buscando esos sueldos para directivos, que se cansaba de repetir que aquí no eran suficientemente elevados para ser competitivos y atraer a cerebritos que como él, que dejan a su paso empresas quebradas y déficits multimillonarios, como los ingresos que perciben por una gestión que la mayoría no logramos ver como exitosa.

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