La servidumbre voluntaria

Los denominados «smartphone» están seguramente entre los objetos más vendidos en los últimos años y, como son un signo de distinción, también entre los más robados. Ya en 2012 la policía de San Francisco (Estados Unidos) declaraba que casi la mitad de los robos producidos en la ciudad implicaban un teléfono móvil, y hoy en el Reino Unido se roban cerca de dos mil móviles al día. Son datos que no asombran, ya que no es ningún misterio que en torno a la comunicación electrónica se mueve una economía entera, lo que quiere decir líneas de producción, explotación del trabajo y una cantidad de dinero difícilmente calculable. Las estadísticas sostienen que tal cantidad equivale a la del producto interior bruto de una nación entera (como España) y que supera, si se confronta con algunos sectores particulares (como la agricultura), a la del planeta entero. Es lo que se ha denominado «economía digital» pero que, a pesar del nombre, es mucho más concreta que un SMS o una página web. Como ocurre con todas las economías, también esta es atacada por forajidos que participan a su modo en la redistribución de una pequeña parte de la riqueza creada por el trabajo humano. En esta economía, al contrario de lo que sucede en la tradicional, no siempre el robo se corresponde con privar a alguien de alguna cosa. Descargar música sin pagar, vaciar con operaciones online la cuenta bancaria o usar una tarjeta de crédito ajena, son solo algunos de los delitos cada vez más comunes a través de los que incluso quienes están pez en informática pueden hacerse una idea del alto grado en que telemática y dinero están relacionados en la vida de la gente.

Una relación que hace a las personas cada vez más esclavas de la tecnología, tanto directamente, cuando se usa incluso cuando es indispensable, como indirectamente, cuando las personas son esclavizadas con nuevas cadenas o porque utilizan una determinada tecnología. Un tipo de «servidumbre voluntaria» último modelo.

Para intentar remediar los muy frecuentes robos de móviles, algunos de los fabricantes más importantes han dotado desde hace tiempo a sus máquinas con programas capaces de encontrar, a través del uso del GPS y de internet, los móviles que han cambiado de dueño. Pero tampoco esta medida ha disminuido los hurtos, y el paso siguiente ha sido el montaje de «interruptores centralizados», es decir, la posibilidad de apagar un teléfono a distancia, impidiendo así su uso. Como pasa con todos los programas, también este debe ser activado para funcionar y por sí solo no podría incidir sobre el número de robos de forma significativa. Algunos de los fabricantes que han instalado este tipo de interruptores, señalan que, en cualquier caso, esto ha hecho disminuir drásticamente el número de robos de esos modelos.

Han pensado algunos políticos norteamericanos, dando un bonito salto adelante, y han tenido la brillante idea de proponer leyes que obliguen a los fabricantes a vender sus teléfonos con esos interruptores, activados, claro. Actualmente son dos los Estados yanquis que tienen en vigor una normativa del género, pero también en otras naciones se están orientando hacia esta solución, a pesar de las críticas que suscitan estos sistemas.

Obligar por ley al uso de un sistema central para la gestión de un instrumento personal como es un teléfono móvil constituye un paso más hacia un control cada vez más férreo de los individuos. Y cuanto más tecnológicamente avanzados sean los móviles, mayor será la pérdida de libertad de quienes los utilizan: de instrumento de comunicación personal a instrumento de control del comportamiento.

Pepsy
Publicado en el Periódico Anarquista Tierra y Libertad, Abril de 2015
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